Estela Pedraza tiene ocho hijos y 24 nietos, es vecina de barrio Juan B. Justo y cuida las parcelas que dos de sus hijas están ocupando en el predio de la calle Fragueiro al 4.800, mientras ellas trabajan. Hasta anoche, en Córdoba hay tres terrenos ocupados.

“¿Por qué mezclás el plan social con una usurpación? No podés jugar con los derechos de las personas. Si vamos al caso, al pobre que le dan el plan social y a los amigos los acomodan, es la misma historia, solo que el del plan lo necesita”, dijo Estela.

La mujer afirma que las 120 familias apostadas en carpas allí desde el 25 de noviembre pasado no van a abandonar el lugar: “Nos moriremos de hambre todos juntos, estamos peleando por una necesidad y queremos pagarlo”.

Juan Carlos Rodríguez es una de las 38 personas que están construyendo su casa en un terreno que sería de la Nación en Circunvalación y Miguel de Mujica. “Es preferible tener un techo y no un plan. Yo trabajo y me puedo ganar lo que el Gobierno me da, para lo que no me alcanza es para hacerme una
casa”, expuso Juan Carlos.

Para Mabel Rodríguez, vocera del grupo, los fondos que les da el Estado son magros como para “dejar el sueño de la casa propia”. “Acá somos todos trabajadores, nosotros queremos pagar el terreno, los impuestos, todo lo que haya que pagar”, dice.

“Todas las casas van a
tener techos de loza y están construidas entre todos. Acá viene la policía todas las noches y no hay ningún problema, tienen la fotocopia de los documentos de todos”, cuenta su hijo.

En barrio Marqués Anexo, hay cerca de cuatro manzanas usurpadas en la que se asentaron unas 200 familias desde principios de noviembre. Allí, la mayoría de las viviendas que se levantaron están prácticamente listas.

Carolina Monje construyó una habitación en la que vive con su marido, sus dos hijos y la familia de su hermana. Aunque no cobra planes considera que sacarlos “es una injusticia” y que con la iniciativa sólo “tratan de asustarlos”.

Por otro lado, vecinos de Juan B. Justo juntaron más de 500 firmas contra la usurpación y las presentaron en la Dirección de Vivienda de la Provincia. Aseguran que les “cambió la vida” porque no conocen a los ocupantes y culpan al Gobierno y al fiscal Marcelo Hidalgo por la “inacción para desalojar la toma ilegal”.