El diputado del Acuerdo Cívico y Social, José Cano, abrió el debate organizado por el Instituto de Políticas Públicas en el que se analizaron temas vinculadas con los derechos de los consumidores. La actividad tuvo como orador principal a Federico Blanco Muiño, titular de la Unión de Consumidores Argentinos, quien planteó la necesidad de darle jerarquía institucional a las organizaciones que representan a los ciudadanos.

“En Tucumán, los usuarios de los servicios públicos no tienen la protección del Estado. Los organismos de control no cumplen su función y las empresas que ejercen monopolios u oligopolios, como los celulares, se abusan de su posición. Nuestra intención es comenzar a definir ejes de política pública que permitan revertir esta situación en el corto plazo. La buena o mala prestación de los servicios públicos tiene relación directa con la calidad de vida de la gente”, aseguró Cano.

Por su parte, Blanco Muiño planteó como puntos críticos a la inflación y a los problemas cambiarios que impactan en toda la economía. En tal sentido, aseguró que los salarios corren detrás de los precios y advirtió que esta realidad impacta en la calidad del consumo de la mayoría de los argentinos.  Otra cuestión bajo la lupa es la situación de las garrafas sociales.

El experto nacional advirtió que ese producto esta subsidiado, pero que en la mayoría de las provincias no hay controles para asegurar que la gente lo reciba en las condiciones previstas. Al respecto, Cano recordó que realizó un planteo ante el Gobierno por el que se advirtió que corresponde a los municipios el garantizar el precio mínimo para la denominada garrafa social. “Están perjudicando a los pobres”, precisó.