Tras el desalojo realizado en el día de ayer en un predio de 9 de abril que había sido tomado en el mes de diciembre, el titular del área de Tierras, Gustavo Cañete, destacó que el operativo que se desarrolló en “de manera pacífica y normal”.

“Los ocupantes han entendido que se trata de una decisión de la justicia, por lo que gran parte de las familias que estaban ocupando, fueron desalojadas del predio”.

Las casi 1.500 familias que fueron desalojadas, pertenecen a distintos puntos de la región y muchas de ellas perciben planes sociales. “Desalojar familias no es un trabajo agradable”, dijo Cañete, pero agregó “acá hay una orden judicial, ya se les había adelantado que esta cuestión sería dirimida por la Justicia, y lo que requiere la justicia es que el municipio colabore con este desalojo, con transporte, ayuda social inmediata, para que las familias puedan reubicar sus cosas. La policía dialogó con las personas, de forma calmada y manteniendo el orden”.

Cañete, además lanzó duras críticas contra “los cuatro o cinco vivos que lucran con la necesidad de la gente, montando un negocio lucrativo que en este caso, en este predio daría de entre 3 o 4 millones de pesos, y gente que se metió por las dudas. Acá la lógica, como en La Victoria, hemos visto sectores que se motorizaron con afán lucrativo”, señaló.

Asimismo, Cañete aseguró que el problema habitacional, “no se soluciona únicamente con viviendas. Las viviendas del Plan Federal, le están costado al Estado alrededor de 230 mil pesos, por lo que es de muy difícil cumplimiento, teniendo en cuenta la cantidad de familias que tenemos en riesgo habitacional, por eso estamos trabajando en otras soluciones, que aún no se concretaron, a través de acuerdos con los dueños de las tierras, para que las familias que están en riego puedan acceder a la tierra por montos accesibles, esto es a través del municipio poder comprar la tierra por unos 30 mil pesos, con un monto inicial de 3 mil o 4 mil pesos, y poder pagar el resto en cuotas”, explicó Cañete sobre el proyecto. “Esto –destacó- busca dar una solución real sobre el déficit habitacional”, concluyó.

Por otra parte algunas de las personas desalojadas rechazaron el operativo y acusaron al municipio de “jugar con nosotros”.

“Fuimos a dos reuniones con el secretario de Gobierno, la concejal Bertino, mientras fue intendente interina, el subsecretario de Tierras, responsable de Desarrollo Social, pedimos agua y no nos dieron, hubo gente que sufrió insolación, vivíamos con gran precariedad”, dijo Fátima, una de las mujeres desalojada del predio.

“El intendente fue claro con nosotros, dijo que era un problema judicial. Pero cómo va avalar los intereses de un propietario y no los intereses de 500 familias”, dijo la mujer, además defendió los intereses de las personas llegadas de otros distritos “con la necesidad que tiene la gente, al estar viviendo acá hace dos meses, ya son de Esteban Echeverría”, dijo.