Concretamente la propuesta consiste en que la Comuna le condone a la empresa una suma que supera los 600 mil pesos y que se le dé a pagar una similar cifra a 10 años en 20 cuotas semestrales en concepto de deudas por tasa de Inspección de Seguridad e Higiene, cuestión que estaba prevista tratar hace dos semanas en el marco de una sesión ordinaria del Concejo Deliberante.

Sin embargo, un informe negativo de la Contaduría Municipal sobre el proyecto de ordenanza generó que los concejales optaran esperar un dictamen del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires; motivo por el cual la discusión no volvió a ser tratada en el plenario.

En forma paralela, el Juzgado Civil Nº 7 le proporcionó a Toledo una prórroga hasta el 18 de mayo para poder resolver su crisis financiera, mientras que la Defensoría del Pueblo ya tomó intervención en el caso al enviarle a Ejecutivo un pedido de informes en el que le solicita que especifique si la medida podría afectar al erario público y qué alternativas se barajan.

Por su parte, el concejal del bloque unipersonal El Frente es Posible, Fernando Arroyo, observó este martes en declaraciones a 0223.com.ar que para él "la mejor solución es que Toledo pague toda la deuda dándole un plazo suficientemente grande porque sería lo más equitativo".

No obstante, el edil reparó en la importancia que tiene el arribo del informe del Tribunal de Cuentas "para saber si ellos plantean una quita y de allí en más, ver qué decisión tomamos porque, por otro lado, está la posibilidad de que la empresa quiebre y queden más de 2.000 trabajadores en la calle, además del perjuicio que generaría a toda aquella gente que vive alrededor de la quiebra del supermercado".

"Si a veces a una persona mayor le resulta complicado pagar los impuestos, hacer una exención de tantos miles de pesos no resulta muy justo, pero el problema es mucho más complejo y tampoco podemos dejar 2.500 ó 3.000 familias en la calle; es decir, es un tema cuya decisión se la regalo a cualquiera", enfatizó por último