El Superior Tribunal de Justicia rechazó con el voto de siete ministros los recursos presentados por la Unión Cívica Radical Frente Unidos por la Democracia, el Partido Agrario y Social y el Frente para la Victoria en reclamo por el sistema de reparto de las bancas en las elecciones de 2011 –el Tribunal Électoral concedió 18 al Frente Renovador en virtud de los votos obtenidos- y de los cuerpos deliberativos de Apóstoles, San Vicente y Eldorado. El argumento, en el que coincidieron todos los ministros, es que los partidos de la oposición olvidaron hacer un depósito previo que es un requisito formal de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Incumplido ese paso, es doctrina reiterada y constante del Alto Cuerpo, que el recurso es formalmente inadmisible. Los partidos están exentos de pagar la tasa por actuación jurídica –conocida como tasa judicial-, pero no para presentar un recurso extraordinario.

El primero en fundamentar la negativa a admitir el reclamo, que incluso había derivado en un pedido de informes de la Corte Suprema, fue el ministro Froilán Zarza, voto al que adhirieron los demás magistrados, Sergio César Santiago , Manuel Augusto Marquez Palacios; Maria Laura Niveyro, Cristina Irene Leiva, Jorge Antonio Rojas y Roberto Ruben Uset. Humberto Schiavoni no votó por estar de licencia.

El fallo que se hará oficial en las próximas horas, no tuvo disidencias en el Cuerpo y marca el fin del asunto, ya que el reclamo ante la Corte Suprema, que había sido impulsado por el mismo radicalismo era por “denegación” de justicia, es decir, por no existir un fallo después de tres años. Ahora, con el voto unánime de los ministros, se echa por tierra el planteo y se abrió un cisma en el radicalismo.

Fuentes consultadas señalaron la “vergüenza” para el partido, que significa para los propios letrados boinas blancas hayan perdido el reclamo por un inexplicable olvido. Es que varios abogados habían movido influencias para lograr que la Corte haga el pedido de informes al STJ en una causa con mucha connotación política. Ahora deberán explicar que toda la causa se cayó por un error de principiante.

Sin embargo, el comité Provincia que conduce Hernán Damiani planea insistir con el reclamo en función del inciso I del artículo 24 de la ley de tasas y aranceles judiciales, que sostiene que están exentas las peticiones formuladas ante el Poder Judicial en ejercicio de un derecho político. Pero internamente, son lapidarias las críticas al manejo del caso y otros abogados confirman que “la inadmisibilidad se da por no cumplir con la tasa del recurso extraordinario”.