Mientras la fiscal Gladys Acosta de Scarel anunció el desalojo de quienes mantenían el corte sobre la Ruta Provincial Nº3, la Comisión Zonal de Tierras y la Unión Campesina aseguraron que la medida continuará hasta que el gobierno les dé una solución a los reclamos.
Según Mártires López, de la Unión Campesina, el compromiso asumido por el ministro Orban era la provisión de insumos para la siembra de más de 400 huertas familiares consistente en combustible, semillas y reparación de alguna maquinaria, para el 15 de mayo pasado, sin que nada de esto llegara efectivamente a la zona.
Tierras fiscales
Por su parte, el dirigente de la Comisión Zonal de Tierras, Víctor Gómez, manifestó que “desde hace más de dos años, vienen reclamando al Instituto de Colonización informe sobre la investigación de tierras fiscales mal adjudicadas y precise dónde se encuentran las tierras fiscales de la provincia”, pues la falta de tierras en las familias indígenas es cada vez más angustiante.
“los jóvenes se nos están yendo al pueblo y a otras ciudades porque no tienen un pedazo de tierra donde desarrollar su vida de integrante de un pueblo indígena” y recordó “el saqueo de tierra continúa a las familias indígenas por parte de empresarios con el consentimiento del gobierno”, aseguró.
Desalojo
Víctor Gómez, lamentó que “quienes tienen la obligación de administrar justicia, siguen impulsando la violencia y discriminación hacia los pueblos indígenas, como es el caso de la Fiscal Gladys Acosta de Scarel de la fiscalía de General San Martín, quién anunció que la semana próxima ordenaría el desalojo por la fuerza pública de la familia Adriani Berdún”.
“No nos vamos a quedar de brazos cruzados”, dijo el dirigente, y agregó que “los jueces tiene que conocer las leyes que nos amparan como son la ley 26.160 que prohíbe el desalojo de indígenas de sus tierras, el convenio 169 de la OIT que garantiza el derecho a la posesión de las tierras tradicionalmente ocupadas”.
Descartó que apelarán ante los fueros que correspondan a fines de hacer escuchar sus derechos dijo “iremos al Superior Tribunal de Justicia de la provincia, a la Corte Suprema de Justicia de la nación, y si es necesario ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” sentenció.
Diálogo
Finalmente los cuatro dirigentes de las organizaciones, Víctor Gómez (CZT), Mártires López (UC), Luis Benegas (ACCT) y Benito Gómez (CCC), se manifestaron abiertos al diálogo para encontrar un camino de solución a todos los planteos hechos desde la conformación de la mesa provincial del acampe de la plaza de Resistencia.


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