“El acuerdo en Córdoba fue una irresponsabilidad política e institucional”, disparó temprano Paco Pérez por varias radios mendocinos poco antes de que un grupo de funcionarios mandados por él recibieran en Casa de Gobierno al titular de la mutual policial más representativa de la provincia.

El gobernador al mismo tiempo rescató el papel de los uniformados en los últimos días de caos en otras provincias, con policías acuartelados y bandas de saqueadores. “En Mendoza la policía no ha roto el pacto social, como pasó en Córdoba”, dijo, y otra vez le pegó al gobernador José Manuel De la Sota.

En concreto, en la reunión que se realizó en la mañana de este lunes, se acordó con Omar Alcalde, titular de Amuppol, el blanqueo del ítem “de riesgo” para todo el persona, incluidos penitenciarios provinciales y retirados. Si bien el representante de hecho de los policías supeditó la decisión de aceptar o no el ofrecimiento (a partir del 1 de enero), se retiró conforme de la reunión.

Mientras, desde el Gobierno destacaron que la situación en la provincia es “absolutamente normal”, y comenzaron a hablar de número con la idea de calmar las aguas. Si bien el sueldo inicial de un policía de la provincia ronda los 4.500 pesos, con los ítems más básicos y masivos, ese ingreso llega a los 7.500 pesos. Es decir que masificando el ítem “de riesgo”, se estaría logrando un básico de 8.000 pesos.

Al mismo tiempo, Alcade sacó una tajada para sí mismo, ya que Pérez está dispuesto a reconocer como interlocutor a Amuppol cuando se traten los aumentos de los haberes de los policías. Esto será el año que viene, después de que el presupuesto provincial 2014, de 33.000 millones de pesos, sea aprobado por la Legislatura provincial.

En la pauta de gastos, se ha establecido un monto de unos 10.000 millones de pesos para aumentos de salario de todo el sector estatal, incluidos los policías, más la mayor recaudación que se prevé. El detalles es que hasta la revuelta de Córdoba, el mecanismo para los uniformados se iba a repetir como ha pasado en los últimos años: primero se acuerda en paritarias con los docentes, luego con la Administración Central, luego Salud y finalmente según las subas acordadas, se les daba similar mejora a los policias.

En este caso toda parece indicar que Alcalde en representación de Amuppol y de los policías mendocinos, unos 11.000, se sentará en una especie de mesa paritaria con los funcionarios, al estilo de los demás gremios estatales.

Durante la reunión no se sacó a relucir una carta que tiene bajo la manga el gobernador Pérez. Se trata de un antecedente casi inédito en el país, que se suscitó tras una revuelta policial en 1998. En ese momento, los cuatros medios y bajos de la Policía de Mendoza se acuarteló y realizó cinco días de protesta. La Gendarmería debió instalarse en la provincia para evitar desmanes.

Una vez que el conflicto pareció saldado con promesas de mejoras para los uniformados, el gobernador de entonces, el peronista Arturo Lafalla, reunió a los principales líderes de la oposición de entonces (entre ellos por ejemplo al radical José Genoud y al demócrata Carlos Balter) y con el apoyo de éstos descabezó a la policía, cambió la ley que la regulaba, eliminó el comando policial de la fuerza, puso a un civil de ministro de Seguridad y dio una muerta de poder institucional sin precedentes. Todo luego de la revuelta por salarios y a poco de conocerse que al joven bonaerense Sebastián Bordón lo habían matado policías y no delincuentes, como le hizo cree a Lafalla en un primer momento la cúpula policial.

Para los funcionarios de Pérez la situación está bajo control, más allá de un tibio intento de saqueo el domingo en la tarde a una sucursal de supermercados Átomo en un populoso barrio de Godoy Cruz, evitado, justamente, por la policía.

Ahora Alcalde, según explicó, “serán los azules los que decidan si aceptan las condiciones de negociación”, aunque dejó entrever que a él personalmente le parecieron adecuadas para un primer encuentro.

Mientras los demás gremios estatales, que recién se sentarán a negociar en febrero, miran con atención los pasos del Gobierno mendocino para con los policías, que tiene algo que los demás no: están armados. “Tenemos que ser cuidadosos”, dicen en los gremios estatales. Es que, está claro, la sensación en general es que los uniformados están sacando ventajas salariales a fuerza de extorsión.