En esta oportunidad disertaron en el anexo de Diputados el legislador nacional de Nuevo Encuentro, Carlos Raimundi, quien cuestionó fuertemente la actividad realizada por el Frente renovador en torno a la modificación de la normativa; el juez de Ejecución Penal de La Plata, José Villafañe; y el defensor General de La Plata, Omar Ozafrain.

Durante la presentación, Villafañe, expresó que “la sanción de un código penal debe ser un acto de plena conciencia y responsabilidad política por parte de todos los intervinientes. Hay que pensar desde donde vienen los delincuentes. Donde estaban antes de estar en la cárcel y dónde luego. El problema del delito, de la pena, es un problema de todos”.

“La judicialización de la pena es reconocer a la persona dentro de la sociedad, reconocer una falla y un problema de todos. Eso está en mano de los jueces. Se habla de Justicia legítima. Las leyes pueden se bárbaras, pero si la aplicación no está o no hay funcionarios comprometidos éticamente con su función, se queda en el camino”, reflexionó,

“El gran desafío de todos el lograr un cambio de paradigmas. Esto significa tener a la etapa del juicio como una tapa más dentro del proceso penal donde el condenado tenga garantías, donde sea asistido de forma inmediata por una defensa siempre. Y sobre todo el trato humano, ir más allá”, concluyó el juez de Ejecución Penal de La Plata

Ozafrain, por su parte, comenzó su exposición con las preguntas que se dan en la sociedad a la hora de hablar de la modificación de la normativa: “¿Será cierto lo que dicen?. ¿Será cierto que los tipos que están armando el código penal lo que único que quieren es dejar a los delincuentes en la calle?. Deberíamos formular un juicio de valor del anteproyecto. Pero no podemos decir si es bueno o malo, si no aclaramos una cosa antes: ¿Para qué sirve?. Determinar para qué sirve una pena privativa de la libertad es una cuestión controvertida. En función de eso aparecen las disidencias. Los que opinan de una manera y de otra, están dándole una función distinta a la pena”.

RAIMUNDI: “ORGANIZAR ENCUESTAS TELEFÓNICAS PARA PREGUNTAR SI QUIEREN TENER UN CÓDIGO PENAL PARA QUE LOS VIOLADORES LE VIOLEN A SUS HIJOS, ME PARECE MISERABLE”

La palabra central, y más fuerte, estuvo a cargo de Raimundi, quien arrancó con los tacones de punta al decir que se pretende usar el tema “como un elemento de seducción electoral ante una sociedad que está muy sensibilizada por la cuestión de la inseguridad y tiene razones para estarlo”, lo cual calificó de “bajeza moral incalificable”.

En este sentido, el diputado de Nuevo Encuentro disparó contra la movida organizada por el massismo para frenar el avance del proyecto. “Organizar encuestas telefónicas para preguntar si quieren tener un código penal para que los violadores le violen a sus hijos, me parece lisa y llanamente miserable. No se puede pasar cualquier límite para ganar un voto. Todos tenemos que tener algún escrúpulo o mesura”.

El legislador defendió el trabajo de Pinedo, de Gil Lavedra, entre otros, pese a estar en las antípodas de sus pensamientos. “Trabajaron durante un año y medio para que después se desbarate eso con una estrategia mediática, con mesitas en la calle y encuestas telefónicas”, dijo, y se refirió “al ex intendente de Almirante Brown”, en obvia alusión a Giustozzi.

El legislador nacional dijo que “nuestro código tiene casi 200 años y nos cansamos de señalar los cambios sociales en todos los aspectos, que repercute en lo social, lo familiar, en lo económico. Un código penal es una parte muy pequeña, no es la parte -ni de cerca- más significativa de una política de seguridad. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra?”.

“Nunca vi que un delincuente antes de salir a delinquir mire el código y diga: si son tres años salgo y si es más, no salgo. Me tengo que contener para no responder en el mismo nivel en el cual está planteada la provocación. Si lo que se quiere es hablar de seguridad, hablemos de seguridad. Pero discutamos seriamente el rol de los institutos - el policial, penitenciario, poder judicial y los nexos de complicidad con la política-. Ese abordaje debe ser serio”.

LOS MEDIOS

Raimundo también hizo referencia al rol de los medios. “Tienen una responsabilidad tremenda. Yo no creo que la inseguridad sea una sensación y lo puedo contar desde mi experiencia. Lo viví. Pero una cosa es abordar la problemática desde un análisis racional y complejo, y otra es abordar la inseguridad haciéndole una entrevista a una mamá cinco minutos después de hecho”.

“Se arman mesas en la calle para evitar la sanción del proyecto del código penal. Lo que en los hechos significa dejar el código que está. Se quejan de la inseguridad, pero no viene del código futuro; el contexto legislativo es en el código actual”.

Para finalizar, señaló que “si hay una órbita de delitos que agrava el anteproyecto del código penal son los económicos, el monopolio, la evasión y la estafa económica que tocan los intereses de esos mismos sectores que se oponen a discutir la reforma del código penal porque forma parte de una línea histórica de poder que ha creado un sistema institucional y judicial que procesa al que roba una bicicleta, pero que nada dice cuando hay una medida que baja un veinte por ciento los salarios. No hay un sistema judicial que penalice eso. Cuidado, porque lo que hay en el trasfondo de este proceso histórico, es la defensa de un sistema institucional que solamente tiene como eje de la penalización los delitos contra la propiedad privada individual. Hay que sancionarlos, pero no hay que perder de vista los delitos contra la propiedad colectiva y contra el patrimonio de una sociedad”.