Mario Pais, diputado nacional por el PJ-Frente para la Victoria, defendió el miércoles en el Congreso el proyecto de Ley que promueve la regulación de las empresas de medicina prepaga por parte del Estado y que obligaría a las compañías prestadoras, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, a cubrir todas las patologías que están en el Plan Médico Obligatorio (PMO).

Otra de las obligaciones que tendrían las prepagas sería no considerar la categoría de “enfermedad preexistente” a la hora de admitir la cobertura a un usuario y a no aumentar de manera unilateral las cuotas, siendo la autoridad de aplicación quien defina los aumentos que correspondan a los afiliados mayores de 65 años, entre otras medidas.

El legislador comodorense consideró que el Estado no puede permanecer ajeno al sistema de prepagas ya que está en juego el derecho a la salud, el cual constituye un derecho humano garantizado por la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional.

“Sin dudas el último responsable de garantizar el derecho a la salud es el Estado, reconociendo un hecho de la realidad, como es el que la medicina prepaga constituye un subsector importante en materia de salud y complementario en materia de seguridad social, y por ende debe estar sujeto al acatamiento de las políticas públicas que se establezcan en beneficio de la población y con impacto en sus afiliados”, aseguró Pais.

Por otro lado, el diputado señaló que la ausencia de un marco regulatorio en la materia generó una situación desigual entre empresas y afiliados, donde estos últimos deben someterse a las cláusulas abusivas de los contratos de las compañías prestadoras del servicio.

El objetivo sería “mejorar los controles de los servicios de salud prepagos, estableciendo normas mínimas orientadas al proceso de asignación de recursos, costo de la misma, prestaciones mínimas, política en materia de medicamentos; en suma, garantizar a los afiliados la calidad y acceso a un precio justo y razonable de los servicios de salud que contrataron”.

El representante chubutense en el Congreso cuestionó los argumentos que tienen en cuenta la lógica del mercado para oponerse al proyecto. “Se nos dice que el Estado debe adoptar las mínimas regulaciones necesarias a fin de no afectar la rentabilidad, eficiencia del negocio, mejorar la competencia y los incentivos para favorecer la inversión privada”, dijo

“Ante esta posición esgrimida de la implacable óptica del mercado, debemos oponer la óptica de un Estado con democracia social y de los preceptos constitucionales que nos mandan a superar la lógica del mercado y a actuar en defensa del derecho colectivo a garantizar la salud”, finalizó.