El ministro de Justicia también aprobó la construcción de una nueva penitenciaría en La Rioja.
Durante el encuentro con el ministro Alak, Beder Herrera se comprometió a "apoyar firmemente la iniciativa"; y consideró que el programa tendrá el sustento de los medios de comunicación, las instituciones y la población general.
A tan solo 26 días de su inicio, la segunda fase del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego logró sacar de circulación un total de 3.720 dispositivos y 31.165 municiones en todo el país, según se anunció el titular de la cartera.
El ministro Alak consideró que "las armas en manos de civiles sólo aseguran muertes absurdas"; y precisó en ese orden que "en Argentina, el 65 por ciento de los homicidios dolosos tiene lugar en el marco de conflictos interpersonales y no durante la comisión de otro delito, como un asalto; por lo tanto –agregó- un arma en la casa es un problema, nunca una solución".
Asimismo aseguró que la pretensión es "lograr que en Argentina las armas estén en poder de las fuerzas de seguridad" y que "con la primera etapa se lograron destruir 107 mil armas y casi 775 mil municiones.
Por su parte, el titular del Registro Nacional de Armas (RENAR), Andrés Meiszner, completó que en 26 días de desarrollo de la segunda fase, son 3.720 los dispositivos y 31.165 los proyectiles entregados por civiles en los puestos fijos y móviles que el organismo que conduce tiene dispuestos en todo el país.
Penitenciaría
El ministro Álvarez informó al término del encuentro que Alak autorizó el inicio del trámite para la ejecución de la obra.
El funcionario explicó que el edificio existente fue construido en su momento para que cumpla la función de Instituto de Rehabilitación Social y ahora, por la población carcelaria –más allá del nuevo pabellón que se encuentra en construcción- "es necesario que se construya un nuevo edificio".
Álvarez consideró que este proyecto "se inscribe en las políticas de protección de los derechos humanos", instrumentadas por el gobierno de Beder Herrera y destacó el aporte realizado por la legisladora opositora, Judit Díaz Bazán.
El programa
La iniciativa consiste en la entrega voluntaria y anónima de armas de fuego y municiones a cambio de un incentivo económico, que va de 200 a 600 pesos, en puestos fijos o móviles del Registro Nacional de Armas en los que se las inutiliza como paso previo a su destrucción definitiva.
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