El referente de “La Saladita”, Adrián Espín, podrá quedar hoy en libertad, pero antes deberá depositar la casación real de 2.000 pesos que fijó el juez José Rago.

Ayer se celebró la audiencia de revisión de la prisión preventiva que viene cumpliendo Espín, quien el 17 de junio fue imputado por el delito de falsificación de instrumento público en concurso ideal con defraudación; en concurso real con encubrimiento por receptación.

Además, a raíz de los incidentes que se produjeron el día de su detención, también quedó imputado por amenazas en otro legajo de investigación que fue unificado con el anterior.

A Espín se lo investiga por la falsificación de carnets de ventas ambulantes y cobrarles 4.000 pesos a las víctimas por ese tipo de tarea. En tanto que tras el allanamiento realizado en el marco de la causa, se le secuestraron sellos municipales y carnets adulterados.

La revisión de ayer fue solicitada por la propia fiscalía, en virtud de que hoy se vence el plazo de la prisión preventiva que por 10 días otorgó el juez, José Rago. Ello, en razón de que al Ministerio Público le interesa que se mantenga la medida de prisión preventiva.

El acto fue presidido por el juez natural de la causa, mientras que la parte acusadora fue representada por la funcionaria, Stella Maris Prada. La defensa, en tanto, la ejerció el abogado particular, Santiago Huaiquil.

En ese marco, la funcionaria solicitó que se mantenga la prisión preventiva de Espín hasta que se cumplan los dos meses que oportunamente fueron solicitados. Ello, por entender que existe peligro de entorpecimiento y de fuga, los cuales no variaron en estos diez días que lleva privado de la libertad.

ANTECEDENTES

Además, la acusadora pública dio a conocer los antecedentes computables de Espín, los cuales les fueron suministrados esta semana y que tienen que ver con una condena en suspenso que data del 19 de marzo de 2007 por el delito de daño y lesiones, la cual fue resuelta por la juez María Laura Pardini, en la localidad de Mercedes, provincia de Buenos Aires.

A su turno, el defensor cuestionó el planteo de la parte acusadora y afirmó que no se dan ninguno de los presupuestos expuestos y que en el caso de recaer condena, entre las soluciones podría caberle una pena que no sea privativa de la libertad.

En consecuencia, el abogado reclamó la libertad de su pupilo a partir de hoy y en forma subsidiaria, una de las medidas sustitutivas que contempla el artículo 227 del Código Procesal Penal, como lo puede ser una prohibición de acercamiento.

Tras escuchar a las partes, el juez sostuvo que la fiscalía tuvo tiempo suficiente, desde el 17 de junio hasta ayer, para trabajar en el caso y reunir nuevos elementos incriminatorios contra Espín, como buscar más víctimas o entrevistar testigos, por lo que consideró que no correspondía extender la medida de coerción.

Al respecto, el magistrado resolvió autorizar la libertad del imputado a partir de hoy, aunque antes deberá depositar 2.000 de caución real para garantizar que se someterá a proceso. Además, mientras dure la investigación, no podrá acercarse a “La Saladita”, ni al área de Habilitaciones de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.