Si hay algo que define a una concertación social es la regulación de precios y salarios . Kirchner mismo llegó a alentarla pero hasta ahí llegó.

Y Cristina habló de ella por primera vez en la campaña. Entonces pensaba en la Moncloa, el pacto gestado a la salida del túnel franquista y que cambió el mapa de la política española (ver: Cristina volvió a convocar a un acuerdo de la CGT y empresarios).

Ese acuerdo restableció libertades y fijó coincidencias básicas sobre la economía. Y en ese contexto, los salarios comenzaron a ajustarse no sobre la inflación pasada sino por la prevista. La semejanza entre aquellos días de la Moncloa y lo que hoy aquí se proyecta es el proceso inflacionario. La diferencia está en, al menos, dos puntos: no entrarán los partidos y el Gobierno niega oficialmente la suba de precios.

Claro que en los hechos la admite: aprobó un aumento del 23% al personal doméstico (ver: Aumentan un 23% el salario de las empleadas domésticas) cuando la inflación anual según el INDEC es de 11%. Y la que proyecta el fallido presupuesto del 2010, de apenas 8,9%. Si fuese por estos números no habría ninguna necesidad de promover un acuerdo con empresarios y sindicalistas.

Reflotar la propuesta de un pacto social puede ser un intento por contener a Moyano pero significa reconocer que la inflación ya tomó un rumbo peligroso . La idea del pacto es incompatible con el estilo de confrontación permanente del kirchnerismo. Y aún cuando se trate sólo de un acuerdo marco, tendría que incluir materias como el gasto público y la política monetaria. Sin ellas, cualquier plan contra la inflación nacerá rengo.