Privación ilegítima de la libertad con desaparición forzada de personas, tortura, allanamiento ilegal y denegación de justicia son acusaciones suficientes para condenar a cualquier sujeto, aunque para el ex juez federal durante la última dictadura militar, Otilio Romano, de 70 años, la posibilidad de concretarse su juicio llegó 30 años después.

Es que recién en 2011 fue destituido por el Consejo de la Magistratura, se fugó a Chile y recientemente se pudo conseguir la extradición a la provincia para ser debidamente juzgado.

Para esperar el juicio, a Romano se le asignó el pabellón 6, lugar en donde están alojados los ex represores, ex funcionarios políticos, penitenciarios o policías, debido a que este módulo aloja a los presos que por diferentes razones no pueden compartir celda con los presos comunes.

Si bien el ex juez se alojará en este pabellón, la cárcel de San Felipe tiene módulos simétricos y gozará los mismos beneficios que el resto de los internos.

“Este pabellón, lo único que difiere del resto es en la procedencia de los alojados, pero cuenta con los mismos servicios de agua, luz, baño y cama, como el resto de los presos”, le explicó a El Ciudadano, Eduardo Orellana, director del Sistema Penitenciario provincial.

De esta manera, Romano compartirá el módulo con 60 internos más y en su celda lo hará con otros dos detenidos.

Las acusaciones a Romano

El ex juez federal está acusado de haber sido partícipe del terrorismo de Estado que impuso el golpe militar que tomó la presidencia de la Nación en 1976.

Se lo juzga por 103 delitos de lesa humanidad en total. Entre los delitos más graves se encuentran: 34 denuncias por privación ilegítima de la libertad con desaparición forzada de personas, 26 de privaciones ilegítimas de libertad y 36 de tortura y allanamiento ilegal, además de denegación de justicia.