El juez Bernardi, de Viedma, lo desvinculó de la causa penal en la que se le imputaba haber usado con fines personales pasajes aéreos pagados por el Ministerio de Familia. El legislador, además, declaró ayer en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
También ayer el funcionario se presentó en Tribunales para dar una "declaración espontánea" ante el juez penal de Viedma Carlos Reussi en el marco de la causa que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito.
El juez penal Juan Bernardi fue quien sobreseyó a Sartor por la causa de los pasajes, que había comenzado en enero a raíz de un mensaje anónimo que apareció en el auto de la fiscal Daniela Zágari, quien impulsó la acción. Se le imputó a Sartor haber reservado a través de otra persona dos pasajes aéreos Viedma - Buenos Aires a su nombre y un tercer ticket a nombre de Bruno Sartor en una empresa de viajes de Viedma. Los primeros por un valor de $ 513 cada uno y el tercero por $ 433.64. Según la acusación descartada por Bernardi, los boletos habrían sido abonados por la cartera de Familia sin que los viajes tuvieran relación con el trabajo del ministerio o del legislador.
En el sobreseimiento Bernardi destacó que a pedido de la fiscal Zágari fueron analizadas 1.000 órdenes de pago y fue ampliada una pericia sin recibirse objeciones de su parte, por lo que "no puede decir hoy, válidamente, que se hicieron equivocadamente porque con su silencio o inacción consintió la actuación del juez".
Bernardi planteó que si la investigación está basada en las órdenes de pago del ministerio, no objetadas por los órganos de control ni el perito, "cómo se puede decir que luego de un meduloso examen se llega a una conclusión distinta (…) sin indicar al menos en grado mínimo una explicación, un análisis que amerite prolongar la investigación".
El juez no hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por la fiscal y sobreseyó a Sartor, "habiéndose agotado la investigación y no avizorándose el modo de demostrar que el pago en efectivo de los pasajes proviene de las órdenes analizadas o de dineros públicos".
Añadió que si algún funcionario de Familia que "no fue indicado en el requerimiento de instrucción ni a lo largo de esta instrucción pagó los pasajes en efectivo, puede ser de su bolsillo por generosidad, afecto, compromiso o por dineros previamente dados por Sartor o repuestos posteriormente. Nunca se podrá saber con certeza, no hay elemento ni prueba legal que lo pueda establecer".
El diputado Martín Soria consideró que el nuevo sobreseimiento de Sartor, que se suma a la reciente desvinculación de la "causa Rocafé" dictada por la jueza Margarita Carrasco de Roca, "es una verdadera humorada del Día de los Inocentes".
El legislador de la oposición dijo además estar "convencido de la existencia de un pacto de impunidad entre sectores corruptos de la Justicia provincial" e interpretó en un comunicado que "es evidente que hay algunos personajes que están verdaderamente desesperados e intentan salvarse a cualquier precio, por eso están tratando de cerrar todas las causas penales antes de irse".
Espontáneo
Ayer Sartor se presentó espontáneamente ante el juez Reussi en el marco de la causa penal que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente se inició con la denuncia de la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, quien lo acusó de no haber declarado bienes de su propiedad en el marco de la Ley 3550 que regula la Ética y la Idoneidad en la Función Pública, y de los artículos 268 ter y 249 del Código Penal. El primero de los mencionados prevé que "Será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo" y el segundo establece multa e inhabilitación especial de un mes a un año para "el funcionario público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio".
La denuncia de Piccinini surgió luego de la resolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que mandó al archivo el expediente por presunto enriquecimiento desproporcionado del diputado oficialista.
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