Otra vez uno de los órganos fundamentales de Irrigación quedará sin funcionar. El Tribunal Administrativo y el Consejo de Apelaciones quedarán sin quórum porque dos de sus cuatro actuales integrantes terminan su mandato el 13 de abril.

Se trata de los dos consejeros del río Tunuyán, Carlos Dávila del Tunuyán Superior y Ricardo Scandura del Tunuyán Inferior. Con estas dos salidas sólo quedarían en funciones Oscar Demuru por la cuenca del Río Diamante y Alejandro Gennari por la del Río Mendoza. El Tribunal quedará sin sesionar por la falta de miembros suficiente para votar cualquier postura que se analice en ese ámbito.

Desde el mismo Departamento General de Irrigación (DGI) trascendió que los dos integrantes del Tribunal que quedarán en funciones se mostraron preocupados ante el titular de Irrigación José Luis Álvarez porque aún el gobernador Paco Pérez no ha enviado por lo menos para ocupar la vacante del consejero que corresponde a la cuenca del Río Atuel.

Los últimos en ingresar fueron el peronista Demuru y el radical Gennari. Una de las postulaciones Un caso curioso es la vacante del representante de la cuenca del Río Atuel que en principio se mencionó como postulante a Fabio Bernardino, un pastor evangélico pero que nunca fue avalado por el gobernador Paco Pérez.

Los testigos oficiales observan que esta coyuntura se da justo cuando el caso de los 20 pozos irregulares sube su conflictividad tanto dentro del DGI, como en el Poder Judicial donde una jueza civil ordenó "no innovar" paralizando la medida dispuesta por ese organismo rector del agua.

Ocurre que se supone que además de la judicialización del asunto habrá un seguidilla de pedidos de revocatoria de la resolución y no habrá resolución sobre esos planteos porque el Tribunal no podrá sesionar.

Quienes dejan su espacio en el Tribunal atraviesan realidades distintas. Dávila, quien ocupó interinamente la superintendencia del DGI cuando renunció Eduardo Frigerio, señala que tiene intenciones de ser reelecto. El productor de Tunuyán responde a la dirigente peronista azul Patricia Fadel. Mientras que Scandura llegó a ese espacio de la mano del intendente de San Martín y también dirigente peronista azul, Jorge Giménez.

Los pozos y la escalada judicial

Fueron por lo menos 9 personas y empresas que presentaron amparos en la justicia para buscar que Irrigación suspenda la orden de cegar los pozos y también que se declaren inconstitucionales las resoluciones donde se les niega la concesión. En el medio hay una pelea de presiones donde hay grandes negocios relacionados con el sector inmobiliario por un lado y la crisis hídrica y el respeto a las normativas por el otro.

Desde el gobierno del agua ya anticipan que cualquiera sea la determinación judicial todo está encaminado a que lo resuelva la Corte local. Por lo menos está dentro de las expectativas oficiales forzar esta escalada para que sea el máximo tribunal de justicia el que defina la demanda de los privados.

Los accionantes no son directamente las empresas que fueron favorecidas en su momento con los pozos, sino los “terceros perjudicados” por la decisión. Es decir algunos de los propietarios que compraron terrenos en los emprendimientos inmobiliarios y que ahora no tendrán agua para el desarrollo.