Según lo consigna el decreto firmado por el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero, el en ese entonces ministro de la Producción, Sergio Camacho, y el secretario de la Gobernación y actual concejal por el Frente Federal, Raúl Medina, en el caso particular de estas parcelas los adjudicatarios "deberán abstenerse por el término de 10 años a partir de la adjudicación de vender, arrendar, dar en aparcería u otras formas el inmueble fuera de los casos expresamente previstos en la Ley (de Colonización) 6.570, prohibiéndoseles la subdivisión de la unidad adjudicada, sin previa autorización del organismo de aplicación de la citada ley".
Esta acción involucra algunas de las parcelas que pertenecían al ex Lote Fiscal 37 de Tolloche, en Anta. En este caso, los lotes fueron otorgados a "precios promocionales" que, según surge de la lectura de las cédulas parcelarias, no tuvieron que pagarse apenas entregadas las tierras.
Los lotes involucrados son los que el gobierno de Juan Carlos Romero otorgó a unos 11 adquirientes a través del decreto Nº 3116/07. En el decreto se da a entender que quienes fueron beneficiados con la venta de estos lotes fueron personas que habían acreditado al momento de vender las tierras fiscales "la posesión material…en forma pacífica, pública, actual y continuada en el tiempo".
A diferencia de estos, hubo otros ocupantes a los que el gobierno provincial otorgó en comodato y sin cargo algunos lotes hasta que lleguen a tener los 20 años para reclamar la posesión veinteñal. La explicación de algunos comodatarios que fueron echados de Tolloche es que en realidad, aquellos 11 beneficiarios a los que se les dio las tierras `con cargo`, nunca ocuparon las parcelas.
Los lotes de entre 439 y 444 hectáreas `vendidos` corresponden a las matrículas 12.437, 12.436, 12.428, 12.448, 12.429, 12.447, 12.445, 12.442, 12.449, 12.406, y 12.413 de Anta.
Según la superficie, el precio promocional estaba entre 49.447 y 50.026 pesos. Al vender las tierras en precio promocional, se lo hacía con una Hipoteca a favor de la provincia de Salta al mismo valor del terreno otorgado. Según surge de las cédulas parcelarias, la Hipoteca hasta ahora no fue pagada. La modalidad del pago de la Hipoteca se enmarcaría en principio en la Ley de Colonización que otorga un plazo de 5 años para cancelar la hipoteca.
Los terrenos, en tanto, fueron revendidos por los beneficiarios del precio promocional en 168 mil pesos (en la mayoría de los casos), cinco meses después de otorgados, y en 180 mil pesos aquellos que se revendieron en 2010. En total, y según los cálculos realizados, entre el precio inicial de las tierras y la venta final, el negocio dejó un saldo de 1.321.571 pesos.
La irregularidad
Según lo consigna el decreto firmado por el ex gobernador y actual senador nacional Romero, el en ese entonces ministro de la Producción, Sergio Camacho, y el secretario de la Gobernación y actual concejal por el Frente Federal, Raúl Medina, en el caso particular de estas parcelas los adjudicatarios "deberán abstenerse por el término de 10 años a partir de la adjudicación de vender, arrendar, dar en aparcería u otras formas el inmueble fuera de los casos expresamente previstos en la Ley (de Colonización) 6.570, prohibiéndoseles la subdivisión de la unidad adjudicada, sin previa autorización del organismo de aplicación de la citada ley".
Al hacer las consultas pertinentes, fuentes del Ministerio de Desarrollo Económico dijeron que desconocen que exista autorización alguna para estas ventas. Al ser palpable el incumplimiento se tendría que cumplir con la segunda parte de lo sostenido en ese artículo y que implica "la caducidad automática de la adjudicación, debiéndose restituir al estado provincial la propiedad del inmueble con todo lo edificado, plantado y mejoras efectuadas".
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