Otro intento para controlar la propaganda oficial

Un proyecto para obligar al Ejecutivo a informar mensualmente los gastos de la propaganda oficial -tanto montos como medios contratados- fue presentado en la Cámara de Diputados por Virginia Cornejo
La iniciativa pretende volver a poner en vigencia un artículo de la ley de reforma administrativa del Estado y Emergencia Económica, del año 1990, que disponía que "mientras se mantenga el Estado de Emergencia Económica Provincia, el Poder Ejecutivo de la Provincia y los órganos enumerados en el Artículo 26 informarán mensualmente a las Cámaras Legislativas los pagos en publicidad y sus destinatarios".

Emergencia prorrogada

Aunque la emergencia Económica se prorrogó siempre desde aquellos años, el gobierno de Juan Carlos Romero suprimió en diciembre de 1990 ese artículo mediante un decreto de necesidad y urgencia, con lo que los legisladores quedaron sin posibilidad de conocer el gasto de propaganda.

"El texto original de la Ley 6583 establecía un mecanismo simple, que permitía al Poder Legislativo cumplir de manera adecuada con su función de controlar los actos del Poder Ejecutivo, en un ámbito tan sensible como el de la publicidad oficial", dijo la diputada Cornejo.

Agregó también que al "carecer la Legislatura de un mecanismo de control, cabe la posibilidad de que los gastos de publicidad oficial puedan realizarse en un ámbito de absoluta discrecionalidad, lo que puede dar lugar a la censura indirecta de los medios de comunicación social".

Plazo judicial

La semana pasada, el juez Marcelo Domínguez le dio al Ejecutivo un plazo perentorio de 20 días para que informe a Cornejo sobre los gastos de la campaña de propaganda "Dos años, haciendo realidad la esperanza", que la secretaría General de la Gobernación, Ernesto Samson, se había negado a facilitar.

El pedido había sido hecho en forma particular por la legisladora en diciembre pasado, pero la Secretaría de la Gobernación argumentó que el gobierno sólo estaba obligado a responder pedidos de informes aprobados formalmente por la Legislatura. Y dio a entender que esos pedidos tendían a inmiscuirse en asuntos propios del Ejecutivo.

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