La presidenta del Tribunal Electoral del Chaco, María Luisa Lucas, se refirió ayer al cambio en la fecha fijada para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) que el gobernador a cargo resolvió sean el 8 de marzo por medio del polémico decreto 1470 y que luego de ser recibido por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner admitió que pueden ser cambiadas a pesar de que ni el Papa podía lograr que ocurriera.

Lucas entiende que las PASO pasen de marzo a julio  es «una cuestión política» y que podría generar «agravios» a terceros, señaló en declaraciones a Radio Ciudad. En ese marco, la jueza sostuvo que ese tribunal sólo cumple lo que deciden los poderes Ejecutivo y Legislativo. «Dicen que puede ser por un decreto, si está en legal forma, acataremos; dicen que puede hacer por una ley, si está en legal forma, lo acataremos», señaló.

El Tribunal Electoral «lo único que hace es cumplir lo que dispone el Poder Ejecutivo, a través de decretos, o la ley, a través de la Cámara de Diputados. Nosotros cumplimos, no podemos hacer más que lo que la ley nos dice», explicó la magistrada y advirtió que «el Tribunal Electoral está ajeno a ello».

 «El Tribunal Electoral cumple con las disposiciones legales y constitucionales, hay un decreto que lo puso en funcionamiento para esta campaña electoral, y ahí estamos trabajando nosotros», insistió Lucas al mismo tiempo que recomendó: «El Poder Ejecutivo, que es político, con la Cámara de Diputados, que es política, arreglen los problemas de campaña y digan al Tribunal Electoral, limpiamente, qué es lo que tiene que hacer».

Advertencia y pedido.

No obstante, Lucas fue clara sobre la cuestión al indicar que «si hay un decreto que pone en funcionamiento y puede agraviar a otras personas, ya no es un simple decreto lo que se tiene que sacar. Hay una acción de lesividad por los agravios que puedan ocurrir, así que no es una cuestión simple de hago o no hago».

La magistrada entiende que para un cambio de fecha de u n cronograma electoral que ya fue fijado «hay que seguir un régimen jurídico que también está establecido por leyes», advirtió y agregó: «Siempre decimos un decreto puede ser revocado por otro decreto, una ley por otra ley. Cuidado, que hay una disposición legal que dice que cuando los decretos causan agravios ya hay que hacer una acción de lesividad y no es simplemente un decreto».

Por otro lado, la titular del Tribunal Electoral Provincial informó que ese órgano ya tomó intervención denunciando que «ya se empezó una campaña que no corresponde».

«Algunos partidos ya hicieron intervenir al Tribunal Electoral para que se suspendan porque no pusieron ningún candidato», explicó Lucas y adelantó que solicitarán la colaboración tanto del Poder Ejecutivo provincial como de los municipios para hacer cumplir la Ley Electoral.  

Una posición que no admite dudas

Conforme a los precedentes invariables del máximo tribunal del fuero electoral del país la Presidenta de la Junta Electoral provincial dejó en claro que no es competencia del órgano cuya titularidad ejerce la modificación de las fechas que sólo la puede hacer el Poder Ejecutivo. Lucas se anticipo así a una presentación que hoy harían algunos partidos políticos para lograr que la Junta haga lo que la política debe hacer. El pedido seguramente será rechazado in límine sin sustanciación en función a la improcedencia que surge de no estar regulado el procedimiento en tal sentido. A partir todas las presiones recaerán sobre Chiyo para que sin más suscriba la derogación del decreto.