Después de varias negociaciones y reclamos, finalmente, los dirigentes agropecuarios reunidos en la Mesa de Enlace, llevan adelante a un paro en la comercialización de granos y oleaginosas por una semana, en protestas por decisiones del gobierno que, dicen, solo benefician a los grandes jugadores en desmedro de los pequeños y medianos productores.

Así, como en 2008 el conflicto se centró en el tema de las retenciones, este año el problema está dado por el sistema de intervención estatal fijando cupos de exportación y precios para el mercado interno menores a los precios internacionales. Con esta política, ya se destruyó al sector lechero y al ganadero y están llevando, inevitablemente, a que todos termine volcándose hacia la soja, los que presagia un futuro más negro aún para la economía argentina.

El Gobierno intentó evitar el conflicto, destrabando los saldos exportables de trigo, pero los productores se quejan porque los exportadores pagan por trigo disponible un 20% menos que el precio fijado por el Gobierno.

La realidad es que todo el sistema tiene una fenomenal cadena de distorsiones. El Gobierno, al querer asegurar un cupo para el mercado interno, les deja el campo libre a los molineros para que fijen los precios y compren sin apuros, fijando los precios que más les conviene. A pesar de precios máximos, el productor recibe bajos precios, pero el pan aumento un 100%. La intervención del estado, en este caso, favoreció a los molineros y no a los productores.

En el caso de los exportadores, la situación es similar. Porque fija cupos y los precios, pero

estos no se cumplen mientras se cubren, primero los acopiadores y luego los exportadores. Como siempre, la variable de ajuste es el productor primario.

Toda la política implementada por el Gobierno, con la excusa de “favorecer a los pequeños productores para todos seamos felices”, como argumentó el ministro de agricultura Julián Domínguez, lo único que hizo fue acelerar el proceso de concentración en el sector agrícola.

Los exportadores importantes no son más de cinco, y todas multinacionales. Sólo hay una pequeña participación del sector cooperativo, pero no es gravitante.

Todas las medidas restrictivas, retenciones y demás costos impuestos por el Gobierno fueron trasladados directamente por acopiadores y exportadores a los productores. Incluso, en el caso de los campos arrendados, también se descuenta del alquiler el costo de las retenciones.

Finalmente, todo el sistema creado por el Gobierno terminó acelerando la concentración de la posesión de la tierra, favoreciendo a los grandes grupos que operan en el sector, perjudicando a los pequeños productores y produciendo distorsiones productivas. Que la soja tenga hoy la relevancia que tiene es resultado, no sólo del mercado, sino de las distorsiones que el Gobierno impuso en mercados como el trigo, maíz, girasol, leche y carne.

Hoy, en el mundo, por efectos de la devaluación del dólar y un incremento de la demanda, hay un crecimiento de los precios de los granos medidos en esta moneda y el mundo vive una “inflación alimentaría”, como lo denunció recientemente la FAO, pero el problema es cuando las intervenciones generan distorsiones que perjudican a los quieren beneficiar.

Quizás la paradoja de esta protesta del campo es que, a diferencia de la del año 2008, hoy no se pide que el estado no intervenga sino que, después del daño producido, intervenga bien para devolverle rentabilidad los productores. Difícil cometido, cuando parte importante de la rentabilidad se la ha consumido la inflación, fenómeno generado por el Estado y que éste esconde y no reconoce.

Hay otro elemento que el Gobierno no computa y está gravitando cada vez más en los mercados mundiales y es el derivado de las consecuencias del cambio climático. Argentina hoy lo sufre por la reiteración de la Niña, que pone en riesgo las producciones estimadas y agrava más la situación de los pequeños productores, al disminuir los rindes con costos crecientes.