Otra tormenta política por el pavimento: el municipio quiere cobrarlo y la provincia no

La categórica afirmación hecha por el Daniel Monti cuando estuvo a cargo del ejecutivo municipal por ausencia del intendente Gerardo Cipolini, en el sentido de que el pavimento urbano realizado por el gobierno provincial con fondos nacionales "se tiene que cobrar", desató una fuerte polémica que se trasladó al Concejo y que en esta semana —que ya viene cargada con el inminente regreso de Luis Peche a la presidencia del cuerpo— puede desatar otra tormenta política.
El convenio entre la Municipalidad local y la provincia para el financiamiento y ejecución de 150 cuadras de pavimento pondrá en discusión si esa obra será facturada a los vecinos, y el tema —al parecer— será llevado a la Justicia para su resolución. Entre las interpretaciones de las leyes que hace el municipio y el fin solidario que le asigna la provincia, la obra se coloca en el centro de la escena. El artículo 3 del convenio El bloque de la Alianza sostiene que no pueden convalidar el artículo 3 del convenio, que dice las obras serán hechas por la provincia en forma gratuita para el municipio, y que —en consecuencia— lo que se recaude en concepto de contribución de mejoras a los vecinos beneficiados con la obra será reintegrado al fondo específico creado al efecto, un fideicomiso de pavimentación. Pero también establece que el Concejo debe dictar instrumentos de excepción asumiendo la obligación de no cobrar concepto alguno por ser la obra absolutamente gratuita para los vecinos. La Alianza dice que es una clara violación, intromisión y avasallamiento de las autonomías municipales. La concejal peronista Isabel Jara, junto con René Elizondo, dice que estas obras "tienen un fin social" y que no se debe cobrar. ¿Qué dice la Alianza? Los encargados de hacer prensa sobre esta cuestión fueron los concejales Daniel Monti y Dante Gómez, quienes consideraron de manera enfática que el municipio no puede delegar el cobro de la alícuota por estas obras, más allá de que tengan connotación social, pero dejaron abierta la posibilidad de estudiar la situación de los vecinos que no puedan pagar. Estimaron los ediles de la Alianza que, al concretarse estas obras, se actualizan las alícuotas (inmobiliarias), pero aclararon que "esto no significa que el intendente va a salir a cobrar a los barrios que no pueden pagar", apuntaron. En las declaraciones hechas a la prensa, fueron contundentes al señalar que no aceptarán ni delegarán, mediante ordenanza del Concejo, el manejo de las cobranzas. "Hay que ser claros: todo lo que tiene que ver con los impuestos locales, municipales, son de propiedad absoluta del municipio y responsabilidad del municipio", señalaron. No es pavimento social Finalmente, los ediles de la Alianza pusieron sobre la mesa la necesidad de "definir si es pavimento social, cosa que no entendemos que sea así", dijo en declaraciones radiales el concejal Dante Gómez. Y agregó que esta obra se hace con fondos de la Nación. "Nadie habla del día después; es decir, que al pavimento una vez terminado hay que hacerle mantenimiento. Eso es un costo para el municipio y la responsabilidad es de quien esté a cargo de la intendencia, quien tiene que recaudar esos fondos", apuntó Gómez.

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