El juez federal Luis Eduardo López, que integra el tribunal oral que comenzó a juzgar al ex general Luciano Benjamín Menéndez y a Roberto “El Tuerto” Albornoz por delitos de lesa humanidad en nuestra provincia, fue objetado por la Unidad Fiscal que sigue las causas por violación a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado.

Sobre el juez, titular de un juzgado federal en Santiago del Estero y llamado a integrar el tribunal oral federal junto a los jueces tucumanos Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, la unidad denunció que “pesan sospechas sobre su actuación como funcionario judicial durante la dictadura”, por lo que su actuación “empaña” el proceso.

Testigos en otros expedientes denunciaron la participación de López en “graves episodios de violaciones a las garantías básicas” durante la dictadura, cuando era secretario del juzgado federal de su provincia, por lo que quedó inhibido de actuar en este tipo de expedientes.

La fiscalía de Tucumán recusó a López y requirió al tribunal del juicio que, a fin de no dilatar el debate, lo reemplace por José María Pérez Villalobo, ya designado por la Cámara de Casación Penal como juez suplente de ese mismo juicio.

Pero el planteo fue rechazado “in límine” (sin tratamiento) por el tribunal, que dio inicio a las audiencias con López integrando la terna de jueces.

El nuevo juicio contra Menéndez está relacionado con el caso “Romero Niklison”, referido al asesinato de cinco militantes el 20 de Mayo de 1976 por personal de la Quinta Brigada de Infantería y fuerzas policiales de Tucumán.

La masacre se produjo durante el allanamiento a la casa de María Alejandra Niklison y Gerardo Alfredo Romero, en barrio Echeverría, donde además de la mujer, fueron asesinados Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo Gonzalez Paz, cuyos cuerpos fueron llevados a la Jefatura de la Policía e inhumados en fosas comunes en el Cementerio del Norte.

Mientras tanto, el abogado Horacio Coutaz, quien forma parte de la querella en el juicio, adelantó :“pediremos el máximo de la pena; prisión perpetua y cárcel común, porque se trata de delitos aberrantes cometidos por el Estado”.Coutaz, además subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe y acompaña a su esposa, María Alejandra Romero Niklison, también abogada de la Subsecretaría e hija de una de las cinco víctimas fusiladas en mayo de 1976 en el barrio Echeverría.

También integran la querella los abogados tucumanos Emilio Guagnnini y Paula González. El juicio proseguirá la próxima semana.