La financiera Cordubensis SA, más conocida como CBI, además de tener cajas de seguridad y hacer las veces de “entidad bancaria”, también recaudaba el dinero de las expensas de varios barrios privados y abonaba los salarios de empleados de empresas de distinta índole.

Esta situación es una de las tantas aristas que investiga el fiscal federal Enrique Senestrari, que pidió la imputación de 9 personas relacionadas a la firma, de las que seis además pidió la detención. Este último punto aún no fue definido por el juez federal Ricardo Bustos Fierro, que adoptaría la medida en las próximas horas.

Según pudo conocer LA MAÑANA, era habitual que distintos propietarios o inquilinos de barrios privados, principalmente ubicados en el norte de la ciudad, se acercaran a las oficinas de CBI, tanto la del microcentro como aquellas ubicadas en el Dino Mall, para pagar las expensas, y en algunos casos hasta los alquileres, en cifras que oscilaban entre los 1.800 y 3.500 pesos.

En todos los casos, «a quienes abonaban mensualmente se les entregaba un recibo común, que cualquiera podría adquirir en una librería, sin membretes ni nada identificable», indicó una fuente consultada por este diario.

Palmas de Claret, Barrancas del Sol, El Remanso, Terrazas de Villa Allende y Natania 19, son algunos de los nombres que se barajan en la investigación que lleva a cabo Senestrari. Al respecto, en los últimos procedimientos, se ha secuestrado documentación que confirmaría la situación.

El fiscal federal dijo ayer en declaraciones a Radio Universidad que las cobranzas «puede ser una mera conveniencia» por los costos económicos que tenía CBI para los administradores de dichos barrios, o «algún desvío de dinero» no declarado a través de las vías legales correspondientes, por lo que podría incurrirse en alguna tipología delictiva.

Un aspecto llamativo es que en el último mes de enero, CBI sólo habría recaudado las expensas de uno de los barrios privados.

Pagaban sueldos

Lo mismo ocurriría con una decena de empresas, que van de pymes a importantes firmas, que abonaban los salarios de sus empleados a través de las oficinas de la financiera bajo investigación, luego del hallazgo sin vida del vicepresidente Jorge Suau, que apareció muerto dentro de su camioneta en un camino rural próximo a la localidad de Alta Gracia, a mediados del pasado mes de febrero.

En principio, muchas de ellas habrían “depositado” dinero en CBI y a través de ésta pagaban los salarios, cuyos recibos de sueldo eran entregados por la misma financiera.

¿Cuál era el origen de esos fondos? En la principal incógnita de los investigadores de la Justicia Federal de Córdoba, además de los peritos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que por estas horas sigue estudiando cada una de las pruebas recolectadas en la treintena de allanamientos realizados, tanto en las oficinas de CBI como en domicilios particulares ; y las sedes de una editorial, una importante concesionaria automotriz y una financiera “paralela” que funcionaba en la ciudad de Villa María.

La “mesa de dinero” tenía alrededor de 300 clientes tentados por la buena publicidad “boca a boca” y las ofertadas tasas de interés, por lo que movilizaban $ 350 millones.

Entre sus presuntos clientes habría funcionarios provinciales y municipales, poderosos sindicalistas y avezados empresarios, entre otros.

Imputados

• Eduardo Rodrigo (#)

• Jorge Suau

• Julio César Ahumada (#)

• Aldo Ramírez (#)

• Daniel Tissera

• Luis De los Santos (#)

• Víctor Alaniz (#)

• Doris Puccetti (#)

• José María Núñez

(#) Sobre éstos el fiscal federal Enrique Senestrari habría pedido órdenes de captura por riesgo procesal.