Los avances entre los bloques políticos y el Ejecutivo chaqueño no fueron suficientes para cumplir con el compromiso de aprobar, en la sesión de ayer, la modificación de la ley para permitir otorgar una pensión graciable a los convocados y movilizados a Malvinas.
Más allá de no poder dar sanción a esta ley, la Cámara de Diputados logró la aprobación por unanimidad del proyecto que permitirá la autonomía financiera del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento, que más allá de ser órgano constitucional dependía económicamente del Poder Judicial. A partir de tener su propia jurisdicción se garantizará la independencia y autonomía funcional, pero al mismo tiempo tendrá la facultad de designar y remover a su personal, además de proyectar su propio presupuesto. La iniciativa presentada a principios de marzo por los legisladores Eduardo Siri, Basilio Kuzmak y Livio Gutiérrez tuvo consenso en el cuerpo. Es preciso dar cuenta de que la autonomía de ambos organismos en parte ya se avanzó por decreto del Poder Ejecutivo el año pasado porque se creó la jurisdicción 40 y correspondía a la Legislatura ratificar esta decisión y establecer una estructura de cargos y porcentual para que finalmente la jurisdicción pueda funcionar separadamente de la jurisdicción 9 del Poder Judicial, tal cual es hoy el Tribunal Electoral, que está en el marco de la Pusticia pero que funciona como una estructura separada, ya que tiene funciones específicas y distintas en el ámbito del Estado. En este sentido, la ley también habilita la creación de tres nuevos cargosa que le permitan el funcionamiento. Siri explicó que la ley “trata la independencia presupuestaria y funcional del Consejo de la Magistratura. Si bien parece una normativa tan sencilla, marcará un hito en la historia de ese Consejo porque es uno de los primeros que existieron en el país; con esto lo independiza de la estructura orgánica del Poder Judicial y logra una autonomía definitiva en su funcionamiento”. Los convocados en espera Durante varias horas un grupo de convocados y movilizados se expresó fuera de la Legislatura. Si bien iba a ser el tema central de discusión, el justicialismo pidió postergar su tratamiento, en tanto que la Alianza no consiguió los votos necesarios para tratarlo sobre tablas. Los diputados oficialistas reconocieron que hay importantes definiciones, ya que entienden que en el próximo encuentro parlamentario estarán en condiciones de sancionar la normativa. El presidente del bloque justicialista Ricardo Sánchez dijo que “está faltando poco para consensuar un despacho. Hay ánimo general para dar viabilidad al proyecto y podemos llegar a la próxima sesión con un despacho consensuado entre todos, por eso pedimos la vuelta a comisión con preferencia de una sesión”. El legislador aclaró que al no haber despacho de la comisión se necesitaban los dos tercios para su tratamiento. La Alianza, a través de Carim Peche, solicitó el tratamiento sobre tablas, pero no consiguió los votos necesarios.




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