"Estoy contento de poder estar en casa con mi familia, pero siento tristeza porque no salieron conmigo todos los presos políticos y todas las personas que están hoy mismo condenadas injustamente en las prisiones", comentó a la agencia Reuters.

La fiscalía había pedido tres años de cárcel para Ferrer, un médico que en los últimos años organizaba marchas pacíficas en La Habana para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.

El disidente fue condenado por adquirir ilegalmente materiales de construcción, aunque había declarado que los dos sacos de cemento y vigas de hierro que le incautó la Policía se los había dado un amigo que había dejado Cuba sin terminar unas obras en su casa.

El otro hecho que se le imputó es la supuesta agresión a un vecino, que habría apoyado la causa en su contra. Para la oposición, en cambio, su militancia política fue la razón de la condenada.

La liberación de los presos políticos es una condición de Estados Unidos para normalizar sus relaciones con la isla. Pero el presidente Raúl Castro asegura que es un "chantaje" de Estados Unidos.

No obstante, mantener a Ferrer preso hubiera comprometido el diálogo que desde mayo vienen llevando adelante la Iglesia y el gobierno comunista, sobre distintos temas, incluida la situación de los 180 presos de conciencia que hay en la isla caribeña.

La liberación de un preso político con problemas de detención y el traslado de otros reos a prisiones en sus provincias de origen para que puedan ser visitados por sus familias fueron los primeros frutos del inédito diálogo.

Sin embargo, Ferrer consideró que no está seguro de que su liberación "sea producto de esas conversaciones".