La ley de la selva se impuso en la Curva del Diablo y al menos 34 personas perdieron la vida. Un contingente de la Policía peruana apoyado por helicópteros del Ejército intervino ayer para desalojar a unos 5.000 indígenas que mantenían bloqueado un tramo de carretera cerca de Bagua Grande, en la provincia Utcubamba del departamento Amazonas. En los choques ocurridos en la Curva del Diablo, a 1.000 kilómetros al nordeste de Lima, y luego en Bagua, murieron al menos 25 indígenas y nueve policías, otras 100 personas resultaron heridas y el gobierno confirmó que 38 policías fueron tomados como rehenes por los manifestantes.

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y el gobierno del presidente, Alan García, cruzaron acusaciones sobre quien inicio el enfrentamiento armado en el que desembocaron las tres semanas de bloqueo de la ruta Fernando Belaúnde Terry, con el que indígenas awajún reclamaban la derogación de una decena de decretos legislativos que consideran perjudiciales para sus demandas territoriales. Uno de esos decretos es una Ley Forestal, que la prensa peruana llama Ley de la Selva, y que ya fue declarada insconstitucional por la Comisión de Constitución del Congreso. Pero el jueves la bancada oficialista del Legislativo se opuso a debatir la derogatoria de las medidas, lo que alejó la tregua con los indígenas. Al día siguiente la situación explotó.