Luego de un proceso que fue anulado por la Cámara en lo Criminal Primera de esta ciudad y de una nueva investigación, el escurridizo Alejandro Orlando Ortiz sería llevado a juicio oral antes de la finalización del presente año por el delito de estafas reiteradas. El imputado, oriundo de la ciudad mendocina de Guaymallén, es investigado por la justicia local por un engaño a cooperativas de viviendas.

Su procesamiento fue dictado a mediados de diciembre por la jueza Alejandra Berenguer, quien lo conoce muy bien por la intervención sucesiva en causas penales que recayeron en su despacho.

La magistrada se vio obligada a pedir el año pasado su captura inmediata ante las sospechas de su participación en otra estafa a vecinos de la región con lotes sociales ubicados en la localidad de Fernández Oro. Sin embargo, la situación fue advertida por las autoridades municipales, que se pusieron en contacto con la justicia y juntos, alertaron a la población sobre la maniobra delictiva.

Después, se supo que Ortiz fue apresado en la provincia de San Luis por otro hecho. Una vez trasladado a esta ciudad, fue indagado y en varios casos, negó las actividades ilegales que se le atribuyen.

De todos modos, con las pruebas en sus manos, la jueza Berenguer le dictó la prisión preventiva al detenido. Además, tomó una medida similar con el imputado Julio César Pailos, y solo procesó, sin la medida drástica de la cárcel, a María Inés Villarreal, Virginia Paola Ortiz y Norberto Henriquez.

Tanto Ortiz como el resto de las personas involucradas en la estafa que supera el millón de pesos podrían llegar a juicio oral en el transcurso del presente año si no son sobreseídos.

Una de las particularidades de la investigación realizada por la justicia fue la comprobación de que Ortiz figuraba en la AFIP como peluquero y que “a pesar de darse a conocer como licenciado en medio ambiente ni siquiera finalizó sus estudios secundarios", se aclaró en un auto de procesamiento de la magistrada Berenguer.

La estafa que se investiga afectó principalmente a los asociados a las cooperativas “Juventud y Desarrollo” y “Tahiel Mapu”.

La Fiscalía Nº2 intervino a partir de una denuncia efectuada por el vecino Ricardo Camacho, quien describió un engaño con ventas de terrenos ubicados en el paraje Ferri y que según la exposición inicial, fueron comprados a través de “distintas sumas de dinero”. Sin embargo, las víctimas nunca pudieron concretar la adquisición.