Una vez más, el inminente aumento del costo del boleto de colectivos polariza posiciones en Bariloche. En este caso, el anuncio del Gobierno de María Eugenia Martini de que llevaría el valor del pasaje mínimo a 4,35 generó críticas entre usuarios y motorizó la organización de diversos sectores dispuestos a “rechazar el tarifazo”.

Al término de la audiencia pública efectuada este martes, integrantes de organizaciones estudiantiles, políticas de izquierda y vecinos autoconvocados realizaron una asamblea en la que definieron convocar al rechazo al aumento. Además, pidieron el inmediato llamado a licitación del servicio, y reiteraron críticas a la calidad de la prestación que brindan Tres de Mayo y Transporte Las Grutas.

El grupo -compuesto por estudiantes independientes, el Frente de Estudiantes Combativos, el Frente Popular Darío Santillán, integrantes de la Juventud Partido Comunista, el Movimiento Socialista de los Trabajadores, el Partido Obrero, y Vecinos Autoconvocados- reclamó la “anulación de la audienia pública” por su carácter no vinculante, y por el cierre “autoritario y unilateral” que le dio la Asesora Letrada del Ejecutivo, María Marta Peralta.

“El Titular de Tránsito y Transporte (Francisco Pego) justificó el posible aumento de la tarifa en el incremento de los costos fijos y variables de las empresas que prestan el servicio, otorgándole los mayores porcentajes a los salarios. Luego de unos cálculos poco claros, donde pese a percibir subsidios por montos millonarios (no declarados en su totalidad, según datos del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación), Pego concluyó que el boleto mínimo podría ascender a los $ 4,35”, repasaron los vecinos.

Agregaron que “más allá de las críticas lavadas que hizo el funcionario al sistema de transporte, sólo hizo promesas de 'mejoras' a largo plazo, entre las que se encuentra un costoso Estudio de Movilidad Urbana Sustentable de 350.000 dólares financiado por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el boleto combinado, y las sanciones a las empresas que incumplan las reglamentaciones vigentes”.

Criticaron que la convocatoria a la audiencia pública se haya realizado “en una fecha en la cual muchos usuarios no se encuentran en la ciudad”, y que “el lugar habilitado para anotarse como orador fuera la Dirección de Tránsito, en horario reducido y de difícil acceso. Dando cuenta de la intención del Municipio de boicotear a la comunidad para expresar sus opiniones, y organizarse para defender sus derechos”.

Los usuarios dispararon contra la Asesora Letrada porque “no quiso dar lectura arbitrariamente a algunas de las preguntas realizadas por los presentes, y censuró la expresión de la opinión pública al dar por terminada la audiencia unilateralmente al no poder dar respuesta a los reclamos y propuestas que se argumentaban en el lugar. Una de las inquietudes más recurrentes fue la referida al boleto estudiantil y la propuesta de no injerencia sobre el precio de los pasajes en general”.

“Este atropello a los derechos ciudadanos, nos hace reflexionar sobre la legitimidad de la democracia participativa, y sobre la potencial manipulación de la audiencia pública en favor del aumento tarifario, ya que estos funcionarios no escuchan los intereses ni necesidades del pueblo, poniéndose contra éste, en vez de representarlo”, concluyeron.