La Cámara Federal de Córdoba ordenó seguir investigando a dos altos jefes de la Afip de Río Cuarto que habían sido procesados por incumplimiento de los deberes del funcionario público en el marco de la causa conocida como “el escándalo de los cheques” y en la que se investiga una millonaria evasión fiscal orquestada con indigentes que eran inscriptos como monotributistas.

Se trata de Sergio Agatillo, director interino de la delegación riocuartense en 2007, y Sergio Flores, jefe de la División Investigación.

La Sala B de la Cámara Federal -integrada por Luis Rueda, Abel Sánchez Torres y Octavio Cortez Olmedo- dictó la falta de mérito para los dos jefes que estaban procesados pero concluyó que no hay elementos contundentes para desincriminarlos, que no está descartado que hayan actuado maliciosamente cuando no le informaron a la Justicia que se había detectado en junio de 2007 a un grupo de indigentes que se estaban inscribiendo en el régimen del monotributo. Esa inscripción masiva llamó la atención en la Afip y hubo comunicaciones internas entre los jefes pero ninguno le informó a la Justicia. Esa omisión les valió una imputación por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos y un posterior procesamiento del juez Carlos Ochoa.

La Cámara Federal votó dividida. Mientras Rueda se inclinó por el sobreseimiento definitivo, los otros dos camaristas declararon la falta de mérito y ordenaron seguir con la investigación.

¿Qué se les reprocha a Agatillo y Flores?

El escándalo de los cheques explotó en la Justicia y en los medios el 26 de noviembre de 2007. Entonces, una mujer denunció que la habían llevado engañada al Banco Francés para cobrar un cheque por una supuesta jubilación. En realidad, antes la habían inscripto como monotributista y estaba siendo usada -junto con otras 50 personas- como “prestanombre” para evadir ventas de cereal. En el caso terminó imputada la abogada María Pía Cardoso, que entonces era funcionaria municipal.

En el transcurso de la investigación judicial se descubrió que meses antes, en junio de ese mismo año, la Afip local había detectado movimientos extraños. Incluso, el jefe de Investigación, Sergio Flores, se reunió con Cardoso en esa oportunidad y la abogada le dijo que las inscripciones se debían, en realidad, a un proyecto municipal de inclusión social.

El reproche del Juzgado Federal es que la Afip comunicó internamente ese episodio -incluso a la sede central en Buenos Aires- pero jamás lo informó a la Justicia. Según Ochoa, era una obligación que los funcionarios del organismo debían cumplir.

Ochoa concluyó que Agatillo y Flores eran conscientes de lo que estaba ocurriendo con la utilización de personas de bajos recursos y que ocultaron los hechos. “Ambos estaban al tanto de la investigación interna (en la Afip) que desde junio el organismo llevó a cabo y se mantuvo en estado de alerta; que ambos participaron en la investigación judicial iniciada a partir de los hechos del Banco Francés pero nada dijeron o aportaron en la causa judicial. La omisión resulta de extrema gravedad, atento que ambos jefes resultan directores responsables de la detención de tres personas integrantes de la Dirección General Impositiva y que de haberse informado al tribunal lo que estaba sucediendo se habrían evidado”, había planteado Ochoa.

Según detalló, los jefes no informaron antes ni tampoco después del escándalo en el Banco Francés.

Dos de los tres camaristas entendieron que no hay elementos para llevar a juicio a Flores y a Agatillo pero no descartaron que pudieran haber incurrido en una omisión intencional. “Algunos elementos generan duda acerca de la actuación de los funcionarios hoy imputados”, dice la resolución de la Cámara Federal.