Lo dispuso el juez Luis Arias mediante una medida cautelar, arguyendo que viola los derechos de los alumnos. El dispositivo fue colocado en el establecimiento educativo ubicado en 18 y 71.
La medida cautelar fue dispuesta por el juez Luis Arias, titular del Contencioso Administrativo nº 1, en respuesta a la presentación del defensor de menores Julián Axat, quien había presentado una demanda autosatisfactiva contra el Consejo Escolar de La Plata y la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, para que se anule la disposición que avala la colocación de cámaras de vigilancia en la Escuela Primaria 58 y la Secundaria 44, ubicadas en calle 18 y 71, y en cualquier otro establecimiento de la jurisdicción, luego de que se registraran algunos actos vandálicos.
El escrito firmado por Arias ordena “la suspensión parcial de los efectos de la Disposición N° 219/13 del Consejo Escolar de La Plata, en cuanto posibilita la instalación y monitoreo de video cámaras de seguridad, ello de manera inmediata a la notificación de la presente medida, y a que se abstenga de permitir la existencia y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video en cualquier espacio o establecimiento educativo departamental, todo ello, hasta tanto se dicte sentencia en autos, y bajo apercibimiento de las sanciones a que hubiere lugar. A cuyo fin líbrese el oficio respectivo”.
En los considerandos, el juez hace lugar a las razones esgrimidas por Axat, quien sostiene que la utilización de dichos dispositivos fílmicos contrarían lo resuelto por el mismo juzgado (causa N° 24.511), en donde se resolvió, en sentencia que se encuentra firme, “ordenar a la Municipalidad de La Plata a que se abstenga de permitir y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video que posibilite la vigilancia de niños y adolescentes que concurren a las escuelas de la Ciudad de La Plata”.
El escrito cuestiona centralmente la razonabilidad del medio empleado para dar seguridad al establecimiento, dado que existen otros remedios técnicos y/o humanos que pueden dar igual o mejor respuesta, pero con la ventaja de no amenazar o lesionar los derechos de los afectados (niños y adolescentes).
Se advierte que la cámara de seguridad no evita el delito sino que sólo tiende a identificar al delincuente. Por lo tanto la finalidad que cumple es mínima frente al peligro que representa, aún cuando no se encuentre encendida, dado que implica un potencial control e intimidación sobre la persona.
“Asimismo, según surge del relato efectuado por el accionante –se lee en la cautelar de Arias–, la encargada de la utilización y accionamiento del dispositivo en cuestión es la directora del establecimiento, quien tiene potestades jerárquicas y disciplinarias frente a los alumnos, de modo que no es una persona ajena a la institución”.
También se advierte que –en principio– “no existirían garantías suficientes” para evitar que el sistema de monitoreo sea activado dentro del horario escolar y que las imágenes de los jóvenes que pudieran obtenerse no sean difundidas públicamente (medios periodísticos, redes sociales, etc.), todo lo cual representa un peligro potencial para los derechos involucrados.
LA POLÉMICA. El caso de la escuela de 18 y 71 tiene un antecedente en diciembre de 2011, cuando el mismo defensor inició una causa similar por la colocación de cámaras en la escuela de 23 y 76. Entendía que violaba derechos, aun cuando se esgrimieran razones de seguridad fuera del horario escolar. En dicha causa, Arias resolvió: “... Ordenando a la Municipalidad de La Plata a que se abstenga de permitir y/o proveer la instalación de todo dispositivo de registro-video que posibilite la vigilancia de niños y adolescentes que concurren a las escuelas de la Ciudad de La Plata...”.
Ahora, a mediados de octubre de 2013, comenzaron a funcionar cámaras en el edificio escolar de 18 y 71 que comparten la Escuela Primaria 58 y la Secundaria. La decisión de instalarlos la tomó el Consejo Escolar, sustentada en reiterados ataques vandálicos. En declaraciones al diario local El Día, el presidente del Consejo, Alberto Darhanpé, detalló que “se compraron 4 cámaras y se ubicaron en lugares estratégicos, como la zona del SUM y la de las galerías, que dan al patio, así como la entrada al edificio”.
A partir de ese dato, Axat consideró en su presentación que el Consejo Escolar “ha cometido desobediencia a la orden judicial dictada en 2011”. Por eso, “a fin de evitar dispendio jurisdiccional y con el fin de hacer saber aquella resolución judicial”, remitió la sentencia dictada y se cursó un oficio para que el Consejo Escolar revisara su actitud y retirase las cámaras de seguridad del interior del establecimiento.
Darhanpé contestó aquello entendiendo que la resolución de 2010 refiere pura y exclusivamente a la protección de la imagen de menores de edad, “derecho que en este caso no se encuentra afectado en absoluto, no existiendo accionar lesivo alguno”. Fundaba en que las cámaras se encienden fuera del horario escolar.
Después del intercambio, Axat visitó la escuela en cuestión, donde se entrevistó con las autoridades, quienes lo acompañaron en una recorrida por los espacios con cámaras. Hablaron del funcionamiento del las cámaras colocadas en pasillos de entrada y salón de actos; también el dispositivo central desde donde se monitorean las cámaras.
La directora Amalia Camilleti explicó que el dispositivo no fue una demanda del establecimiento sino que fue una decisión del Consejo Escolar que ellos aceptaron. Según ella, “luego de los reiterados robos y ataques vandálicos padecidos, la comunidad educativa -harta de la situación- realizó un reclamo de seguridad para evitar de una vez por todas los mismos hechos; el Consejo entonces propuso la colocación de las cámaras. También se colocó un sistema de alarma monitoreada, con la colocación de sensores”.
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