La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó al Gobierno nacional que reglamente la ley que aprobó el pago de indemnizaciones a los damnificados por las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero ocurrida hace 22 años, en 1995.

La resolución, firmada por los jueces Abel Sánchez Torres, Luis Rueda y Liliana Navarro ordena a la Nación que reglamente en no más de 60 días y atienda el pago a unos 10 mil vecinos de Río Tercero que demandaron al Estado nacional por los daños producidos por la voladura.

Con esta decisión, la Cámara respalda el dictamen del juez Federal de Río Cuarto, Carlos Ochoa, quien había instruido lo mismo el 2 de diciembre pasado y el Estado apeló, llevando el tema a la instancia superior.

La medida surge a partir del amparo presentado por el abogado Mario Ponce, representante de 10 mil demandas, quien reclamó a la Nación que haga aplicable la ley, que por falta de una reglamentación que fije el modo de pago es letra muerta.

Por su parte, el intendente Alberto Martino está en Buenos Aires este martes, con una audiencia prevista en el Ministerio de Defensa para entregar un petitorio.