(...) En el expediente, que casi fue archivado por el magistrado, no se profundizó la pesquisa sobre un desaguisado generado en la entidad bancaria entre 1979 y 1991.

La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, que haga lugar a una serie de peticiones pedidas por el fiscal federal de primera instancia de la jurisdicción, Walter Rodríguez, en el marco de una serie de medidas preliminares que el representante fiscal había solicitado en el marco de un expediente que durante 20 años fue cajoneado y que casi fue archivado por el magistrado, de no haber mediado la intervención de la Fiscalía que observó un sinnúmero de elementos de prueba para mantener viva la causa.

El tribunal de alzada hizo lugar así a una queja que había planteado el fiscal, junto con la Procelac (la Procuraduría encargada de investigar el lavado de activos), y dispuso la activación de la causa. El magistrado había argumentado que no había resuelto, dado que consideraba que “había perdido jurisdicción” para hacerlo, pero los fiscales sostuvieron que se trata de “una nueva dilación injustificada en el trámite del expediente”.

Los fiscales Rodríguez y Gonella (de la Procelac) señalaron en su queja que se “está omitiendo en forma deliberada el tratamiento que se encuentra a otorgar al planteo de nulidad y ofrecimiento probatorio del Ministerio Público Fiscal”.

Este 13 de diciembre último, la Cámara de Apelaciones, integrada por los jueces Lliliana Arribillaga, Fernando Barbará y Carlos Carrillo, resolvió hacerles lugar a los representantes del Ministerio Público. Los tres votos del pleno de camaristas fueron coincidentes en cuanto a que el magistrado no pudo alegar “haber pedido jurisdicción”.

Conocida la opinión del tribunal, el juez Reinaldo Rodríguez activó ayer una serie de diligencias pedida por la Fiscalía, entre las que se destacaron el pedido al Archivo General de la Provincia del informe redactado por la Comisión Investigadora conformada en 1997 y presidida por el prestigioso abogado del foro local, Alfredo Nogueras. Además, el juzgado federal a cargo de Reinadlo Rodríguez notificó a una serie de ex integrantes del directorio de la entidad sobre su condición de abogado y la necesidad de designar abogados. Los que ya han recibido la notificación fueron Julio Alzuetta, Luis Buffa, Fernando Ramseyer y César Rossman.

El fiscal Rodríguez tuvo contacto con el expediente a mediados de año y tomó la decisión de apelar la decisión del juez de archivar la causa y recurrió al asesoramiento de la Procelac, que impulsa varias denuncias e investigaciones en el país. Precisamente, un informe pormenorizado de esa Procuraduría da cuenta de una serie de irregularidades cometidas en la pesquisa orientadas a garantizar la impunidad de los imputados en la investigación que se inició en los albores de la década del noventa del siglo pasado y que concluyó el con sobreseimiento definitivo del ex juez federal Víctor Brisa (hoy preso por haber cometido delitos de lesa humanidad) en 1993.

Walter Rodríguez, no sólo planteó la apelación del cierre definitivo de la causa, sino que además requirió una serie de medidas como la citación de ex directivos del Banco Central, que le remitan copia de una causa que se tramitó en el juzgado Nro 13 de Rosario en 1991 referida a una serie de negocios generados desde el Banco en forma ilegal o irregular. También solicitó informes a la Fiscalía de Estado sobre todo lo relativo al proceso de privatización de la entidad de crédito, vendido a los hermanos Rhom en 1998. Ambos serían más tarde perseguidos por la justicia argentina acusados de lavado de dinero.