Ante una presentación de la Defensoría del Pueblo, el juez de feria Gustavo Belli ordenó al EPAS, la Municipalidad y al Instituto Provincial de la Vivienda y Urbanismo (IPVU) que restituyan la distribución de agua potable en el barrio Nueva Esperanza.

Según se informó desde la Defensoría, la Justicia determinó que estos tres organismos del Estado otorguen de manera inmediata 300 litros de agua potable mínimos diarios a cada uno de los habitantes de este sector de la ciudad.

Esta medida se interpuso el 27 de diciembre de 2013 con el objeto de ayudar a 36 familias que reciben agua mediante distribución por camiones y que desde el 20 de diciembre -una semana antes de presentar la medida colectiva- se había interrumpido esa provisión sin conocer las razones. “Las vecinas que iniciaron esta medida refirieron un acuerdo tácito (del que no conocen sus términos) con el IPVU, por el cual reciben agua a través de camiones para las personas y las producciones rurales que cada familia tiene para su subsistencia desde hace un año atrás”, se informó desde la Defensoría.

“En la sentencia se expresa que se hicieron presentes tanto el IPVU como la Municipalidad de la ciudad de Neuquén, pero también se citó al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS)”, se indicó.

Según un comunicado de la Defensoría del Pueblo, “el IPVU al presentarse se opuso a la medida y negó que existiera un acuerdo con los vecinos. Planteó, además, por un lado, una falta de legitimación pasiva, debido a que las tierras donde residen los vecinos que presentaron esta demanda pertenecen al Municipio y no a su organismo”. El texto explica que “el municipio capitalino al presentarse negó que fuera parte del acuerdo referido por los vecinos demandantes, y apuntó que existió un acta acuerdo entre el EPAS, el IPVU y los habitantes del sector en cuestión por el cual el EPAS quedó comprometido a llevar agua potable a la Colonia”. Y agrega: “Sin embargo, la Justicia afirmó en la sentencia que existen pruebas de que el Municipio participó en el acuerdo”.

Por otro lado, se detalla en el escrito que la Municipalidad informó mediante pruebas que la Colonia Rural Nueva Esperanza se encuentra situada en lotes de los cuales es titular el IPVU. “La Municipalidad, apuntó que es por esa razón y por el compromiso adoptado en al acta acuerdo que es la Provincia quien debe proveer el agua; y en consecuencia pidió que se cite al EPAS”, apuntó la Defensoría.

Por último, se dijo que el EPAS al presentarse en la Justicia afirmó que sólo presta servicio en el radio urbano de la ciudad y que el sector donde habitan los vecinos demandantes no posee redes, por lo que no está obligado a brindarlo.