Gracias a una charla que dieron en su escuela sobre la prevención de los abusos sexuales y la necesidad de hablar para combatirlos, una adolescente develó el infierno que vivía a manos de su padre, un abogado de San Luis.

Tras el estupor inicial, las autoridades del colegio le informaron a la madre de la chica y denunciaron el caso ante la Justicia penal. Eso motivó una investigación que el viernes pasado desembocó en una orden de la jueza Virginia Palacios de que detengan al sospechoso.

Si el acusado no está preso es porque unos días antes salió del país. La magistrado extendió la orden de captura internacional a la Interpol (Policía Internacional), de modo que esperan poder arrestarlo en breve.

El letrado investigado tiene 48 años y es muy conocido en San Luis. El Diario de la República omite su nombre para no revelar la identidad de la víctima, que lleva su apellido.

La chica tiene 14 años y va a una escuela privada. Luego de asistir a una charla sobre abuso sexual, se animó a revelarle a una docente lo que sufría.

Según confió, los vejámenes comenzaron hace más de un año. Sus padres están separados. Y ella iba dos días a la semana, los martes y los jueves, a quedarse en la casa de su papá. En esas ocasiones, el hombre aprovechaba cuando ella se acostaba para manosearla y hacer otras prácticas sexuales.

Aunque exteriorizaba algunos síntomas de su padecimiento, que cobraron sentido cuando se supo la verdad, la víctima sufrió en silencio hasta encontrar la ocasión de manifestar su drama.

Los directivos del colegio le dieron la novedad a la madre y le avisaron que si ella no denunciaba la situación ante la Justicia, lo harían ellos. El 23 de setiembre la directora del establecimiento presentó el caso en el juzgado Penal Nº 3, de la jueza Virginia Palacios.

La madre de la chica ratificó la denuncia, con lo cual permitió a la Justicia intervenir, ya que por ser un delito de instancia privada, si el representante legal del menor no insta la acción judicial, el juez se queda con las manos atadas.

El mismo día de la denuncia, la médica forense Marcela Gómez recibió la indicación de revisar a la nena. El examen determinó que la menor no sufrió acceso carnal, aunque sí presentaba lesiones en la zona genital, indicios de los manoseos, reveló una fuente de la investigación.

Al día siguiente, la jueza Palacios dictó una orden de restricción por la cual le prohibió al abogado que se acercara no sólo a la nena, sino a todo el grupo familiar. Y le informó de la situación al juzgado de Familia y Menores.

También dispuso tomarles el testimonio a los abuelos de la chica. Y a la propia víctima a través de la Cámara Gesell, una habitación acondicionada para que la declarante no sufra la exposición a la mirada y al oído de extraños. Allí fue entrevistada por la licenciada en psicología Mirna Samper, el martes 8 de octubre.

Toda la verdad

El testimonio de la chica, tomado con todas las garantías y los recaudos que exige la Ley, con el control no sólo del defensor de Menores, sino del abogado que representa a la adolescente y el que defiende al acusado, era clave para definir el futuro de la investigación. Sobre todo era fundamental para saber si la versión de la menor era veraz. El relato de la víctima fue demoledor. No dejó ninguna duda de que decía la verdad.

Las conclusiones de la perito fueron que tanto con las palabras como con los gestos la chica exteriorizó una vivencia dramática que ha influido incluso en el control de su organismo. Y su relato no tuvo ni el más mínimo indicio de fabulación.

La especialista determinó que la chica “sufre una disociación afectiva, relata el hecho en tercera persona, como si fuera otro quien lo ha sufrido, y eso es típico de una víctima de abusos intrafamiliares”, reveló una fuente.

El viernes 11, cuando recibió las conclusiones de la psicóloga, la jueza Palacios resolvió llamar a indagatoria al abogado, por “Abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo”.

Y a pedido del representante legal de la chica abusada, le dictó una prohibición de salir del país. Pero ya era tarde. Cuando le envió la comunicación a Interpol, la Policía Internacional le informó que el imputado, que tiene doble nacionalidad, había salido de la Argentina el 4 de octubre.

Y hasta ayer, ninguna fuerza de seguridad provincial o nacional informó que haya registrado su regreso.