Diputados de la oposición cuestionaron que las obras más importantes que construye la Legislatura estén a cargo de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE), un organismo presidido por Ricardo D’Ángelo, el marido de la vicegobernadora Ana Pechen.

Desde inicios de 2010 hasta la fecha, el poder Legislativo le transfirió 10 millones de pesos y tiene previstos otros 18 millones para los próximos meses, que se destinarán al museo de la Casa de las Leyes y la ampliación del estacionamiento en la sede central de la cámara.

Pese a que el acuerdo cuenta con un respaldo legal, el volumen de obras transferidas a la UPEFE provocó reparos en la oposición legislativa por el vínculo familiar entre ambas partes y la nula difusión que tuvo la firma del convenio entre la Cámara y la unidad provincial. Los términos se conocieron en detalle recién en 2011, cuando el diputado Rodolfo Canini (Frente Grande-MUN) presentó un pedido de informes para aclarar las transferencias de fondos al organismo presidido por D’Ángelo.

“Me contestaron que la Legislatura, como poder autónomo, no tiene capacidad técnica de hacer obras y, en vez de tercerizarlo, usa un organismo del Estado; así que no queda muy ético, pero legalmente no se puede cuestionar”, contó el legislador. Añadió que “lo que la respuesta no contempla es el tema de la transparencia, porque podríamos decir que en estos temas hay más transparencia cuando no hay parentesco de por medio”.

Observó que le resulta extraña la elección “porque la ejecución de todas estas obras se podría haber hecho también con Obras Públicas, que es más competente en ese caso, según me parece, ya que la UPEFE es un organismo para créditos externos”.

También Raúl Godoy (Frente de Izquierda) criticó las licitaciones que realiza la UPEFE con fondos de la Cámara. Advirtió que, “más allá de que sea legal, está fuera de toda ética y legitimidad” y comparó la situación con lo que sucedió hace dos años en el Consejo Provincial de Educación (CPE). “El MPN nos tiene acostumbrados a jugadas de esta naturaleza, con familiares en organismos y en empresas que contratan con el Estado, con el caso más resonante de Patricia Ruiz y su familia, cuando de ninguna manera tendrían que pasar estas cosas”, planteó.

Eduardo Benítez (UCR) expresó sus reparos por esa situación, pero se mostró más moderado. Sostuvo que el vínculo familiar “no debe opacar el convenio, si realmente está dentro de las atribuciones y las obras proyectadas se realizan”, aunque aclaró que no conoce los detalles legales. Indicó que, “por lo que se sabe, se trata de una herramienta política válida, y si bien genera algún resquemor por ahí que haya una relación familiar, creo que no debiera tomarse en cuenta si es cierto que está todo en regla como dicen”.

Un convenio amplio

El convenio entre la Legislatura y la UPEFE se celebró poco después de que el poder Legislativo inicie una serie de obras orientadas a remodelar su antigua sede de Olascoaga 560, denominada Casa de las Leyes, y a ampliar la estructura del flamante edificio situado en Leloir 810. Ricardo D'Ángelo explicó que se trata de “un convenio amplio de administración de obras, donde nosotros licitamos y ejecutamos el proyecto hasta que termina”.

Antes de este acuerdo, las construcciones de la Legislatura se licitaban a través de la Subsecretaría de Obras Públicas. Si bien esta dependencia sigue habilitada para ejecutar los proyectos, las inversiones en nuevas construcciones de los últimos tres años se transfirieron todas a la UPEFE.

En 2010, la Unidad se ocupó de la segunda etapa de remodelación de la Casa de las Leyes, que incluyó la renovación de la antigua biblioteca de la Legislatura para convertirla en un espacio destinado a alumnos y público en general. La obra se adjudicó a Conciv por un monto final de más de 2 millones de pesos. El mismo año, asumió la licitación para construir una guardería para los empleados legislativos y cuatro salas de reuniones, proyecto que demandó alrededor de 7,5 millones de pesos.

En 2012, se asignó a UPEFE la ejecución de la tercera y última etapa de la Casa de las Leyes, que comprende la adecuación del edificio histórico para convertirlo en un museo. Esta obra, que comenzará en marzo, está a cargo de RJ Ingeniería con un presupuesto de 12 millones de pesos. Además, el Poder Legislativo acordó recientemente con la Unidad Provincial la construcción de un estacionamiento para 67 vehículos, que costará 6 millones de pesos y tiene como adjudicataria a la firma Hormiquén.

Si bien la UPEFE, como su nombre lo indica, tiene por fin la ejecución de proyectos con créditos y aportes externos, D'Ángelo aclaró que no están impedidos de celebrar acuerdos para colaborar con otros organismos provinciales. No obstante confirmó que, de los 24 programas y más de 100 obras en distintas etapas que tiene a su cargo actualmente la unidad, las únicas con un convenio de financiamiento provincial son las de la Legislatura.