La iniciativa argumenta dos situaciones que debería expicar el funcionario. La primera es por el veto al estacionamiento en la plaza Pringles. La ordenanza fue aprobada por el Concejo luego de ser votada y consensuada en la Comisión de Higiene y Seguridad pública, tras una reunión que sus integrantes mantuvieron con el propio titular de Transporte y el acompañamiento de la edil del oficialismo Adelaida Muñiz. Sin embargo, después Godoy defendió públicamente el veto a la iniciativa.

El otro tema sobre el que la oposición pretende indagar es por la certificación que tendría la empresa mendocina Dominio Gallard S.A. como prestadora del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad, cuando en la contratación directa figura la empresa Transpuntano SAPEM, de capital mayoritario municipal.

Además, los representantes de Dignidad Republicana solicitan ampliar la información con respecto al informe sobre la estructura de costos que presentó el municipio para pedir un aumento de tarifa en el transporte urbano.