Lentamente, el Departamento General de Irrigación vuelve a adquirir presencia en la agenda política. Se abren frentes y todos ellos requieren las explicaciones del titular del Departamento, José Luis Álvarez, en la Legislatura provincial. Así es que se espera que en los próximos días quede sellada la fecha y la hora de una cita caliente.

El primer tema por el que se requiere a Álvarez es el programa de expropiación de tierras que anunciara Francisco Pérez en su discurso del uno de mayo en la Legislatura.

La idea de Pérez era que los deudores del derecho a riego, cuyo monto de deuda superara el valor del avalúo fiscal de la finca, fueran pasivos de expropiación por el Estado y vuelto a vender para que esa parcela volviera a ser productiva.

Más allá de las críticas legales al proyecto (ver aparte), de las 13 mil hectáreas en condiciones de ser expropiadas, más de 9 mil son del sur. Lo que más irrita a los productores, es que buena parte de esas deudas no tienen que ver con la voluntad de pago.

Con cada desastre climático, particularmente la piedra, vienen las declaraciones de emergencia. De acuerdo a los daños en la producción de cada finca, la emergencia implica que el Estado cubra entre el 50 y el 100% del canon de riego. Según los productores, sus propiedades tienen deudas porque la ley prescribía que el Estado era quien pagaba.

Es por eso que el presidente de la Comisión de Economía de Diputados, Alejandro Limas (UCR), está solicitando la presencia de Álvarez, a pesar de que la ley de las expropiaciones está en el Senado.

Este conflicto ha recordado a varios legisladores, entre ellos a Patricia Gutiérrez (Unidad Popular), que la renuncia del anterior titular de Irrigación, Eduardo Frigerio (acosado por el Jury de Enjuiciamiento), dejó varios temas pendientes.

Uno de ellos es qué hacer con los polémicos pozos autorizados por Frigerio a emprendimientos inmobiliarios de lujo en la zona de Alto Agrelo, margen derecha del Río Mendoza, zona en la que estaban prohibidas nuevas perforaciones por la crisis hídrica.

Frigerio había autorizado esos pozos con la condición de que los emprendimientos estuvieran en funcionamiento en 24 meses. Esos dos años vencieron a principios de mayo y nadie sabe qué está haciendo Álvarez para determinar si los emprendimientos están funcionando, si ha cegado los pozos o les está dando tiempo.

Otro de los temas en los que hay interés es el informe técnico de las aguas del Río Atuel realizado por técnicos de Irrigación que la anterior gestión no hizo público y que Álvarez tampoco ha presentado. Ese informe sería clave para la aprobación del acuerdo firmado por Celso Jaque con La Pampa.

El otro asunto que ha vuelto a la agenda es la realización del balance hídrico, una deuda que Irrigación mantiene desde hace más de 10 años, pero que le explotó en la cara a Frigerio. Ahora, los legisladores se preguntan cuánto se ha avanzado al respecto.