La oposición salió a cuestionar duramente al gobierno municipal, y principalmente al Edecom, después de que este diario revelara que uno de los dos talleres de Inspección Técnica Vehicular es de un reconocido dirigente accastellista de Villa María. Jorge Méndez, titular del ente municipal, es del mismo grupo político y responde directamente al intendente de Villa María.

El justicialismo habló ayer de corrupción y reclamó que se anule todo el proceso de adjudicación a dos talleres y se inicie inmediatamente una licitación. Por ahora, hay dos empresas que han sido habilitadas por el Municipio: Verificación Técnica del Automotor, que tiene domicilio en Marcelo T. de Alvear 655 y que es propiedad del accastellista villamariense Hugo Alfredo Tello, y el particular Maximiliano Pécora, que tiene su emprendimiento en Presidente Perón Centro 46.

Lo que reprocha el justicialismo es que Tello haya participado en Río Cuarto y esté en primer lugar en el orden de mérito.

Tello, que fue candidato a intendente por su ciudad, fue habilitado por el gobierno de Accastello para quedarse con el único taller de ITV de Villa María. Ahora, con otra empresa, se quedó con gran parte de mercado riocuartense.

“Esto del ITV es, claramente, el pago de un favor político. No hay medias tintas en este tema: es el pago de un favor político. Este tipo de cosas no pueden suceder”, manifestó Víctor Núñez, jefe del bloque del PJ.

Y agregó: “A nivel provincial, la oposición ha crucificado a un ex legislador (hace referencia a Marcelo Falo) por una cuestión que puede ser grave pero es de tipo personal. Nosotros no podemos quedarnos callados en Río Cuarto porque lo que ha aparecido hoy (por ayer) con respecto al Edecom es un favor político que ha hecho el intendente con el presidente del Edecom. Es prácticamente una cuestión muy ligada a un torpe movimiento político que han hecho entre los dos para favorecer a una persona ligada políticamente a ellos”.

Núñez presentó ayer mismo un proyecto para que el secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Transporte llame a concurso público de oposición y antecedentes a todos los talleres habilitados de la ciudad. Y, ademas, establece que no puede haber menos de 10 centros de inspección técnica.

Por su parte, su compañero de bancada, Guillermo Natali, presentó un proyecto de pedido de informes para que el Edecom explique detalladamente el proceso cuestionado.

“Reclamamos todas las actuaciones administrativas y que permitieron definir quiénes eran los que podían estar en condiciones de instalar estos talleres en Río Cuarto. Del mismo modo, queremos saber a qué estudios técnicos ha apelado el Edecom a la hora de decidir que con la habilitación de dos talleres es suficiente para atender la demanda. Por último, queremos conocer lo que tiene que ver con los tiempos de duración de la ITV en otras ciudades porque tenemos información que señala que en otros lugares el lapso de vigencia es mayor al que se fijó en Río Cuarto”, indicó Natali.

También Claudia Bringas, en representación del interbloque Coalición Cívica - Frente de la Gente, planteó que hay varios aspectos poco claros en todo el proceso administrativo y legal llevado adelante por el Edecom.

“A principios de este año, mediante la ordenanza 623 se aprobó en el Concejo adherir a la ley nacional de tránsito y seguridad vial. En ese contexto, la Municipalidad delega al Edecom la posibilidad de llevar adelante convenios y acuerdos para implementar esa ley. Con esa ordenanza se dictó un decreto para establecer cómo debe funcionar el sistema de inspección vehicular. Una de las cuestiones que no cierra es por qué, si en la ordenanza se fija que debe pasar por el Concejo toda decisión, acá no llegó nada”, dijo Bringas.

Además, reprochó que mientras en la ley nacional se exige comenzar con las inspecciones recién a los 3 años, en Río Cuarto los autos nuevos deban pasar por el control a los 24 meses. “Además, a nivel nacional la ITV se prevé que va a ser bianual en los primeros siete años del vehículo pero aquí se estableció que es anual”, indicó Bringas.

La concejala también cuestionó que a los talleres homologados se les haya dado una habilitación provisoria por 10 años y que el control de la eficiencia de los talleres sea realizada por el propio Edecom.