Al menos hasta ahora, el Frente para la Victoria no consiguió convencer a los concejales de la oposición sobre la necesidad de crear un sistema de video vigilancia urbana a fin de involucrar en forma directa al Estado municipal en la prevención del delito.

El proyecto de ordenanza fue analizado ayer por la comisión de Economía y a la hora de dictaminar sólo obtuvo el voto favorable del edil oficialista Alejandro Ramos Mejía.

Los otros cuatro bloques (SUR, Pueblo, UCR y Partido Vecinalista para el Cambio) se reservaron la opinión hasta conocer más detalles de la iniciativa, que ahora será evaluada por la comisión de Gobierno y Legales.

Las mayores observaciones de la oposición estuvieron referidos al personal y al costo económico que demandará al municipio la operación de las videocámaras.

Las preguntas sobre ese punto no obtuvieron respuesta de parte de Ramos Mejía y tampoco del secretario de Seguridad, Diego Puente, quien participó de la reunión.

El proyecto presentado hace un mes por la intendente a cargo María Martini faculta al Ejecutivo a impelementar el "sistema de video vigilancia urbana" sobre espacios públicos y vías de acceso a la ciudad.

De resultar aprobado, en principio comprenderá un total de 20 cámaras y el monitoreo será realizado por personal municipal, que deberá ser capacitado con ese fin. La iniciativa habilita también el llamado a licitación para "adquirir los elementos técnicos".

Refiere que la finalidad será la de aprovechar los "avances tecnológicos" en objetivos relacionados con la "disuasión y prevención" de hechos delictivos, así como en el control de la seguridad vial.

Puente explicó a los concejales la decisión de que la municipalidad "se comprometa con esta problemática acuciante" y dijo que la videovigilancia contribuye a que "la gente se sienta más tranquila".

El concejal Ramos Mejía aludió también a las demandas de mayor seguridad, que por estos días se transformaron en tema nacional. "Si uno mira todas las encuestas y la opinión de los vecinos, es lo que más les interesa", aseguró.

Sus pares Irma Haneck (SUR), Elena Welleschik (UCR) y Carmen Giménez (PS-Pueblo) manifestaron sus dudas sobre el costo del sistema y preguntaron "de dónde va a sacar el dinero" el municipio.

Ramos Mejía dijo ayer que "el costo es imposible de estimar" y sólo indicó que será "progresivo". Subrayó que las videocámaras que proyecta el municipio estarán conectadas por fibra óptica y tendrán una ventaja cualitativa respecto del sistema policial, que funciona por banda ancha.

"Trabajamos en el aire, sin costos -cuestionó Giménez-. Yo estoy a favor de aprovechar las nuevas tecnologías, pero en todo ésto hay que tener en cuenta lo social y saber bién qué uso se le va a dar a las cámaras".

Ramos Mejía dijo que la idea es asignarle la operación a personal que hoy se desempeña en otras áreas del municipio y si es necesario incorporar otros empleados, se hará "por concurso".

Haneck dijo que "es necesario saber de dónde se van a sacar (los empleados), porque ahí está la trampa: después el municipio vuelve a incorporar para cubrir esas funciones".

P'uente, por su parte, defendió la participación municipal en la video vigilancia y se preguntó si "está bien dejar a cien policías detrás de un monitor o si es preferible tenerlos en la calle".