Legisladores de la oposición cuestionaron duramente la política tributaria del Gobierno provincial y apuntaron a la “falta de equidad” que implica el no revalúo de las propiedades rurales, que se mantienen en valores de 1993. 

El tema fue planteado ayer en la comisión de Economía y Finanzas de la Unicameral, donde se dio inicio al debate del Presupuesto provincial 2015 y a las leyes tributarias. Concretamente, se cuestionó la distancia existente entre las bases imponibles actuales y el valor real de los inmuebles que en el caso de los campos rondaría el irrisorio 1%, según sostuvo el legislador Aurelio García Elorrio (Encuentro Vecinal Córdoba). En el caso de las propiedades urbanas dicha distancia ronda el 40 o  45%, según señaló el secretario de Ingresos Públicos, Luis Domínguez. 

Además de Domínguez, del Poder Ejecutivo estuvo la secretaria de Administración Financiera, Silvia Rivero. Los legisladores oficialistas presentes fueron Sergio Busso, jefe del bloque de Unión por Córdoba, Carlos Gutiérrez, vicepresidente de la Cámara, y Ricardo Sosa, presidente de la Comisión de Economía. De la oposición, además de García Elorrio estuvieron el radical Rodrigo de Loredo y la juecista Nancy Lizzul, entre otros.

El representante de EVC dijo que detrás de la decisión de congelar el valor de los campos hay una estrategia electoral del gobierno de José Manuel de la Sota, y preguntó a cuánto asciende lo que el estado provincial deja de recaudar por “planchar” el Inmobiliario Rural. Lo de «estrategia electoral» viene a cuento de que UpC tiene el fuerte de su base electoral en el interior provincial.

Sosa explicó que el contribuyente del campo paga, además del Inmobiliario, una serie de fondos específicos. “O sea que si sale del bolsillo derecho o del izquierdo, sale de la misma persona”, graficó, y aclaró que, con esa política “evitamos que muchos sectores del campo paguen Bienes Personales, que es un impuesto nacional, plata que no nos vuelve”. “¿Usted me está diciendo que son cómplices de una defraudación al Estado nacional en plata?”, retrucó García Elorrio, y recordó que los “fondos especiales” que tributan los ruralistas no son coparticipables, lo que contribuye al desfinanciamiento de los municipios.

“Que apliquen los principios básicos en materia de equidad fiscal”, recalcó García Elorrio y reprochó a Unión por Córdoba por “haber tomado discrecionalmente la decisión de no revaluar los campos”. El dirigente reclamó al gobierno “actualizar todas las bases imponibles de los campos”, con alícuotas diferenciales “hasta las 200 hectáreas”.

Tasas no coparticipables

Desde la UCR, De Loredo coincidió con que la política tributaria de la Provincia ha desfinanciado a los municipios por la falte del peso del Inmobiliario Rural, suplantado por “tres tasas que no coparticipa”. “El reproche conceptual que el radicalismo hace al respecto es que ustedes  han desfinanciado a los municipios al tener un Impuesto Inmobiliario Rural planchado. Nosotros sugerimos que se mantenga el sistema de tasas, consorcios canaleros, camineros, infraestructura y gasoductos, pero coparticipado en un 20 por ciento entre los municipios y comunas”, remarcó. 

Cuestionamiento a tasa vial

En tanto, la juecista Lizzul cuestionó la tasa vial y preguntó a los funcionarios del Ejecutivo por el cálculo que llevó a la Provincia a aumentar este gravamen un 67% promedio. “Lo que hacemos desde el Ministerio de Finanzas es recibir los requerimientos de las obras que se van a realizar y cuál es el monto que se necesita. En función de ese monto determinado se estableció cuáles son los valores con los que llegábamos según la estimación de venta de combustible, que sería el indicio de cuánto es el monto que se debería recaudar”, indicó Domínguez. Según la letra del Presupuesto, la tasa vial para el gasoil pasará $ 0,25 a $ 0,40 por litro, en el caso del GNC, de $ 0,20 a $ 0,30 por metro cúbico, en nafta súper, de $ 0,40 a $ 0,60 y la Premium, de 0,54 a 0,90 por litro.