Concejales capitalinos de distintas vertientes opositoras criticaron la pasividad con la que el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) encaró hasta el momento la añeja problemática ocasionada por la radicación de vendedores ambulantes en el microcentro y distintos puntos de la Ciudad.

Se cuestiona, principalmente, la ausencia de una decisión sustancial en aras de lograr la erradicación de los comerciantes ilegales, o bien proporcionar herramientas normativas que tiendan a regularizar la actividad. Así también, otro de los aspectos resaltados por los ediles refractarios al oficialismo se vincula con la falta de cumplimiento para con una sentencia judicial (ver cuadro inferior) que determina el desalojo de los comerciantes de los espacios públicos de la Capital.

Al respecto, en diálogo con EL SIGLO, Claudio Viña (Fuerza Republicana) adujo que el accionar del intendente Domingo Amaya en torno a esta temática "parece la de un funcionario que recién asume, porque tres días antes de que se produzca un acontecimiento especial (como por ejemplo el Día del Niño o Navidad) se entera de que hay vendedores y se preocupa por salir a combatirlos. En realidad, las leyes, o en este caso las ordenanzas, deben respetarse y cumplirse durante todo el año para que no lleguemos a esta situación que nos toca afrontar todos los años".

Además, el edil consideró que "estamos ante la ausencia de una política de estado concreta, lo que posibilitó que personas adquieran derechos que no los deben tener, lo cual contribuye a la proliferación, cada vez en mayor magnitud, de una actividad a todas luces ilegal".

Situación caótica

En tanto, desde el macrismo, su representante en el cuerpo deliberativo, Roberto Avila instó a Amaya a adoptar una actitud "dura e inflexible en esta cuestión, porque hay una orden judicial que no está siendo cumplimentada, y el municipio, de esta forma, está desacatando una sentencia de un Poder del Estado".

Así también, el concejal del PRO recalcó que, desde su banca, apoyará una medida ejecutiva orientada en la línea de "no negociar con este sistema de comercio ilegal, porque a lo que bregamos es poder alcanzar una venta ordenada y dentro de las normativas de regulación que se formulan al respecto".

Según lo relatado por Sandra Manzone (Coalición Cívica) a este diario, el empecinamiento del municipio en no acatar la deposición judicial es lo que "ha tornado en caótica la situación que reina en las veredas y calles de la ciudad. Pero para terminar con esto, deben aunarse criterios y voluntades tanto del gobierno municipal, como provincial. Porque sin el apoyo de la Provincia, ya sea operativa como políticamente, erradicar y controlar a los ambulantes se torna cuesta arriba".

Al tiempo de considerar que la mejor solución a esta disyuntiva consiste en avanzar en un proceso de erradicación total de los mercaderes, Viña también se mostró partidario a establecer algún tipo de normativa tendiente a controlar la labor ambulante. Paralelamente, manifestó las inequidades que se proyectan en razón de aquellos empresarios que cumplimentan las normas, aspectos legales y en materia impositiva para desarrollar su trabajo.

"El comerciante es condicionado de sobremanera por el propio Estado y las leyes laborales, pero en un posición de indefensión e impotencia absoluta al ver que ese mismo Estado posibilita que otros se beneficien y lucren sin pagar absolutamente nada por ello. Lo ideal sería reglamentar la venta ambulante o simplemente prohibirla", sostuvo.

En este mismo sentido se expresó Ávila al aseverar que resulta "inadmisible que la Ciudad presente el panorama que le otorga la innumerable cantidad de personas que venden artículos falsos, plagiados, ilegales, lo que está constituyendo un ilícito que es avalado por el propio municipio, favoreciendo una competencia desleal abrumadora con respecto a aquellos empresarios que cumplen con las reglas y tributan al municipio, que no les responde como debería en el control de la ilegalidad que afecta a sus intereses".

"Falta una decisión seria para avanzar en sacar a los ambulantes, hasta el momento el Intendente no la tomó de manera responsable y se notan las consecuencias de ello", insistió el macrista.

La desigualdad en el trato oficial para con quienes no están sujetos a las disposiciones reglamentarias y aquellos que acatan las mismas, es uno de los tópicos redundantes en los que hizo hincapié la oposición.

Así da cuenta la opinión vertida por Manzone, al estimar que "la Intendencia debe ofrecerles a los comerciantes un lugar apropiado para que lleven a cabo su trabajo y terminar de atentar contra aquellos que cumplen con sus obligaciones, quienes no perjudican a terceros ni tampoco favorecen al desorden, pero que reciben todo el peso contralor del Estado, y muchas veces injustificado, en especial en el aspecto tributario".

Medidas alternativas

La solicitud de un plazo prudencial para reordenar la actividad o bien permitir que los vendedores cambien de rubro, es lo que argumenta Viña para abordar una alternativa que intente sanear las dificultades surgidas.

En tal sentido, alegó que el vendedor debe ser instalado en un lugar en el cual logre satisfacer una demanda específica, a la vez que remarcó la necesidad de limitar la presencia de ambulantes por cuadra, pero teniendo en cuenta normativas que establezcan los tipos de productos que se comercializan, las dimensiones del espacio físico a ocupar, como así también garantizar mínimas condiciones de seguridad o higiene, tanto para los ambulantes como para los clientes en razón de los objetos que se comercializan.

Advirtió, asimismo, sobre los negocios que se promueven por debajo la supuesta fachada de este tipo de actividad. "Detrás de la cuestión social que pueda traer aparejada la prohibición de la venta ilegal (desocupación), hay grandes comerciantes que sostienen un gran negocio, en el cual los ambulantes solamente son la cara visible de todo un circuito que mueve importantes cantidades de dinero", precisó.

Entre algunas de las propuestas que se sustancian desde el PRO para normalizar el contexto problemático actual, Ávila mencionó que "debemos buscar las formas para que en diferentes sectores de la Ciudad se construyan predios que le otorguen un marco legal a los comerciantes, a través de un sistema de monotributo social, que la actividad esté regulada en cuanto a lo que se oferte, es decir un sistema lícito pero con costos bajos para que no se constituya en una carga o impedimento para que las personas puedan trabajar pero de un modo legal".

La actitud demostrada por los comerciantes ilícitos fue puesta sobre el tapete por Manzone debido a la imagen que demuestran para con la ciudadanía en general. "Es deprimente observar la falta de higiene que se abate sobre las zonas donde están asentados los ambulantes quienes afean a la ciudad, y ya no se conforman simplemente con ocupar la vía pública, sino que también ahora se apropian hasta de las calles, por lo que transitar es un verdadero caos", opinó.

Finalmente, el republicano diferenció la metodología en la que puede concretarse la venta callejera y cargó contra los mercaderes.

"Los propios ambulantes desvirtúan la esencia de su nombre, porque una cosa es que deambulen por la ciudad ofreciendo sus artículos, lo cual está permitido y avalado por ordenanzas, pero otra muy distinta es que se asienten en un lugar y se crean amos y señores como si fuera de su propiedad privada”, argumentó.

Seis años de incumplimiento municipal

Un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que hizo lugar al recurso de amparo que interpuso la Federación Económica de Tucumán (FET) en 2006, ordenó a la Municipalidad de San Miguel de Tucumán que en un plazo de 30 días (en ese entonces) libere el microcentro de vendedores ambulantes, medida que, hasta el momento, fue de efectividad casi nula.

La resolución de los camaristas Salvador Norberto Ruiz y Horacio Ricardo Castellanos exige que el municipio, a través de las autoridades y reparticiones pertinentes, "cese en la omisión de hacer cumplir las ordenanzas municipales debiendo garantizar y hacer efectiva la libre circulación de los ciudadanos por las calles y peatonales del ejido municipal", en cumplimiento a lo establecido por el Código de Tránsito Municipal, en cuyo artículo 54 especifica: "Las aceras deben permanecer libres de ocupación de grupos de personas, vehículos, cosas u objetos que obstruyan, perturben o dificulten el tránsito de peatones".