Hasta ahora, 15 días después de iniciada la polémica, la mayoría de los concejales aseguró públicamente que se iban a analizar las reformas que fueran necesarias para transparentar y mejorar el discutido sistema de Inspección Técnica Vehicular que aplicó la Municipalidad de Río Cuarto desde el 1º de este mes. Sin embargo, hasta ayer sólo se había presentado un pedido de informes al Edecom pero no se había iniciado ningún proyecto para trasladar a hechos concretos las declaraciones periodísticas que se hicieron desde todos los bloques. Pero ayer, para forzar la discusión, el interbloque formado por la Coalición Cívica y el Frente de la Gente presentó formalmente una iniciativa para revocar las concesiones a los talleres de ITV que están funcionando actualmente y, a la vez, municipalizar el servicio.

Si ese proyecto avanza, la revisión técnica vehicular pasará a manos del Estado y el precio que debería pagar la gente sería bastante inferior a los 80 pesos por año que están establecidos actualmente. La intención del interbloque es que el pago de cada automovilista sólo alcance para cubrir los costos. Hasta ahora, dos talleres privados realizan ese servicio que es indispensable para circular por las calles de la ciudad. Se estima que el negocio podría facturar 4 millones de pesos al año tal como está, en manos de inversores privados.

Para el interbloque, esa modalidad no sólo institucionaliza una irregularidad sino que, además, implica una nueva carga impositiva para la gente.

La polémica

La aplicación de la ITV quedó envuelta en una polémica cuando este diario reveló que el empresario que quedó en primer lugar en la lista de mérito para realizar las inspecciones y que durante dos meses tuvo el monopolio del mercado local es Hugo Tello, un ingeniero que fue funcionario de la Municipalidad de Villa María y, por lo tanto, del mismo grupo político que Jorge Méndez, presidente del Edecom y responsable de la puesta en marcha del sistema de inspección vehicular. El insólito criterio que se usó para asignar las concesiones fue el orden de llegada: quien se anotaba primero ganaba. Y quien se inscribió primero, a las 7.30 del día en que se puso en funcionamiento el registro de talleres, fue Tello.

Los miembros del interbloque sostienen que todo el proceso fue irregular porque no se garantizó la igualdad de oportunidades entre oferentes y, además, porque el proceso no pasó por el Concejo Deliberante sino que fue firmado en soledad por el titular del Edecom.

Pero el FreGen y la Coalición Cívica van más allá: sostienen que debe cambiarse todo el sistema. “En la normativa se establece que la Revisión Técnica Obligatoria estaría a cargo de los Centros de Revisión Técnica, que en conjunto conformarían un Registro Único de Inscriptos, utilizando como criterio el orden de inscripción. Es de público conocimiento el impacto que tal decisión generó en la ciudadanía local”, dice el proyecto presentado ayer.

El interbloque sostiene que la seguridad vial no puede ser un impuesto sino que debe implicar el menor costo para los propietarios de vehículos. Por eso establece que la ITV deberá hacerse en un centro municipal de revisión y que la tarifa no podrá exceder el costo operativo para la puesta en funcionamiento y el mantenimiento del taller estatal.

Una idea similar fue aportada esta semana por un grupo de dirigentes políticos, encabezado por Alberto Bertea y Américo Balmaceda. La diferencia es que ellos proponían mantener la tarifa en 80 pesos y destinar los 4 millones anuales a un fondo para construir viviendas sociales.

Más allá de la suerte que corra el proyecto del interbloque, la presentación de la iniciativa tiene un objetivo principalmente político: forzar el tratamiento legislativo del tema de la ITV. Porque, hasta ahora, ni siquiera se discutió en comisión. Además, el oficialismo mostró en los últimos días una clara intención de dejar que se enfríe la polémica y que no haya ningún tratamiento legislativo ahora que se termina el año y el Concejo entra en inactividad.

“No hay voluntad de cambiar nada”

Eduardo  Scoppa, concejal de la Coalición Cívica, ratificó que el interbloque considera que todo el proceso de la ITV ha sido ilegal y, por lo tanto, se hará una presentación en la Justicia para pedir la nulidad.

El concejal opositor manifestó que, hasta ahora, el oficialismo no ha dado muestras de querer cambiar nada en el cuestionado sistema que aplicó Jorge Méndez.

“No existe voluntad de que este tema se siga discutiendo. Me parece que están apurados para que lleguen las fiestas y todo quede en el olvido. Pero esta transgresión a la norma debe investigarse”, dijo.