Concretamente, en 1989 un acuerdo político permitió que el entonces presidente electo asumiera varios meses antes de la fecha correspondiente (el 10 de diciembre) dejando de lado la línea sucesoria que establece la Constitución nacional ante la renuncia del entonces presidente Raúl Alfonsín.

El largo proceso de escrutinio de las urnas del 20 de marzo que se está realizando en estos momentos en la Legislatura provincial no sólo mantiene en vilo a toda la ciudadanía de la provincia sino también al país. Basta con leer los diarios de otras provincias para ver que el tema “elecciones en Chubut” sigue ocupando las páginas centrales de los diarios tanto nacionales como provinciales.

Este largo proceso conduce necesariamente a una encerrona jurídica donde seguramente el tema requerirá del Superior Tribunal de Justicia un fallo que posiblemente sea apelado ante instancias superiores, esto es la Suprema Corte de Justicia.

En medio de todo esto, sea quien sea el ganador de esta contienda, asumirá en una situación de debilidad política que hará especialmente dificultoso su accionar y el desarrollo de sus cuatro años de mandato.

Esto no debería ser un tema de la justicia, es un tema político y son los políticos quienes deben encontrar una salida, y la salida es una sola: que la Cámara de Diputados de la provincia, con la mayoría absoluta que los temas electorales requieren, anule las elecciones en la instancia gobernador y vice y convoque a nuevas elecciones a realizarse conjuntamente con las elecciones a Presidente y vice y diputados nacionales en el tercer domingo de octubre próximo.

Esta solución no sólo es viable políticamente, sino que económicamente a la provincia no le cuesta nada, pues los costos de las elecciones nacionales –y será en una elección nacional- son a cuenta del Tesoro Nacional.

El proceso electoral está teñido desde su comienzo de dudas sobre su legitimidad, desde que fue discutido el decreto de convocatoria realizado por el Poder Ejecutivo Provincial y sigue transitando por los meandros jurídicos. Ello dará como resultado un gobernador dañado políticamente augurando cuatro años de difícil convivencia política.

Sabemos que la clase política argentina ha dado en pocas ocasiones señales de grandeza e inteligencia, y en esta circunstancia la clase política de nuestra provincia debería tratar de encontrar la salida a la crisis pues, repito, la única salida es política, no judicial.

Y la mejor solución es declarar la nulidad del acto electoral en la instancia “voto a gobernador y vice” y convocar nuevamente a los chubutenses a votar por su principal autoridad.

Sólo esto permitirá, a esta altura de los acontecimientos, contar con una autoridad provincial fuerte, sólida políticamente hablando, que conduzca los destinos de la provincia hasta el año 2015.

(*) Licenciado en Sociología y profesor universitario. Se desempeña desde 1985 en consultoría política y desde 1994 es profesor en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB.