En declaraciones a 0223.com.ar, Celia Balza de Iglesias, integrante de la sociedad propietaria del inmueble ubicado en San Martín 2927, donde funciona el área de Defensa del Consumidor de la municipalidad, aseguró que la Comuna es “okupa” del local, ya que a fines del pasado mes de abril se venció el contrato de locación.

“Era un contrato por un año pero, cuando se venció, no nos llamaron ni se molestaron en conversar con nosotros. Previo a eso les habíamos enviado una carta documento diciéndoles que íbamos a tomar posesión durante los primeros días de mayo pero todavía siguen ocupándolo”, explicó.

En consecuencia, indicó, debieron volver a advertirle al municipio que los estaban “perjudicando” porque, “al permanecer en el edificio sin contrato, están invadiendo una propiedad privada”. “Nos pasean, como hicieron antes cuando estuvieron más de un año sin contrato e hicieron lo que quisieron. En aquella oportunidad, entre los años 2005 y 2008, estuvieron 20 meses sin cobrar el alquiler”, recordó.

Si bien reconoció que la relación con la Comuna “siempre fue complicada”, Balza aclaró que el panorama empeoró a partir de 2008. “Antes nos pagaban siempre con retraso pero pagaban pero cuando se venció ese primer contrato, quisimos renovarlo pero ellos se negaron, se quedaron y nos siguieron pagando el mismo precio de antes”.

Inclusive, mencionó que durante una reunión que mantuvo con el Secretario de Gobierno, Dr. Ariel Ciano -entonces, a cargo de la dependencia-, “él estuvo de acuerdo con lo le planteé, pero después no cumplieron con nada de lo que habían prometido”. “Es es inútil conversar con ellos porque no nos dicen nada y aunque ahora el tema está en manos de abogados, la verdad es que tampoco le llevan el apunte”, añadió.

Al consultársele a cuánto asciende la deuda que la Comuna mantiene con ellos, admitió que desconocen la cifra porque “ni siquiera se sabe qué alquiler pretenden pagarnos”. “Hemos tenido interesados que nos han propuesto alquileres altos pero ellos se ajustan a lo que dicen ellos mismos; es como si fueran los dueños”, aseveró.

En ese orden, subrayó que “es muy grave el perjuicio económico que nos genera esta situación inconcebible” ya que “pese a que somos los propietarios los dueños, no disponemos del local ni tenemos ningún derecho”. “Podríamos tener interesados en alquilarlo pero no lo podemos ofrecer estando ellos adentro”, aseguró.

En otro párrafo, hizo hincapié en que si bien “se estila” que el inquilino afronte el pago de las tasas municipales y los impuestos de Obras Sanitarias, en este caso, “además de que estaban sin contrato, nos los hacían pagar a nosotros, con reajuste y todo”. “Inclusive, una vez nos mandaron abogados para que los paguemos, estando ellos adentro”, expresó.

Por último, la propietaria también remarcó que le preocupa el estado en el que se encuentra el establecimiento ya que “le han hecho roturas”. “Por ejemplo, en el acceso tenía piedras trabajadas pero ya hemos visto que le sacaron una y rellenaron el espacio con cemento. Es una vergüenza lo que hicieron”, manifestó.