El caso por el desfalco a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) marcha sobre rieles en la justicia entrerriana. En la última semana se realizaron los primeros testimonios que arrojaron nuevos detalles de la estafa mediante compensaciones. 

Mientras la causa sigue su curso judicial, dos diputados provinciales de la oposición proponen que se cree una comisión que investigue lo sucedido en el ente recaudador que dirige Marcelo Casaretto. 

La propuesta la realizaron el diputado provincial Jorge Monge (UCR) y la diputada María Emma Bargagna (FAP). 

Ambos legisladores pidieron que la Legislatura “tome cartas en el asunto” del desfalco tributario, y se constituya una Comisión Investigadora. 

Al fundamentar la iniciativa, resaltaron que “es evidente que se relajaron los necesarios monitoreos, auditorías internas periódicas y seguimiento que debieron llevarse a cabo, en función de prevenir y evitar males mayores, como los que motivaron la original denuncia realizada por el Director de la ATER”. 

Luego argumentan que “por mucho menos se llegó a destituir en la década del ’90 a un miembro del Tribunal de Cuentas. Hoy, conforme informaciones, observamos que quién era titular de uno de los órganos de contralor con abolengo constitucional, habría prestado servicios profesionales a una empresa beneficiada con ilegales compensaciones. Tal actividad era incompatible con la función que ejercía”. 

Proyecto comisión “ad hoc” 

En el proyecto (ver adjunto) establecen que la comisión esté conformada por seis miembros, tres por cada Cámara, de los cuales uno revestirá el carácter de Presidente, y los demás, de Vocales. En caso de que no se produzcan las designaciones de los representantes del Senado, la Comisión quedará integrada por el Presidente y dos vocales de Diputados. 

“La Comisión deberá revisar y examinar la actuación de los siguientes organismos: Administradora Tributaria de Entre Ríos, Contaduría General, Tesorería General y Tribunal de Cuentas de la Provincia, en relación al cumplimiento de las respectivas obligaciones legales y constitucionales, vinculadas a la determinación, fiscalización y percepción de los tributos y accesorios por parte de la ATER, y a las de su control preventivo, concomitante y ulterior a cargo de los organismos constitucionales mencionados. La Comisión podrá extender su actividad investigativa a todas las áreas que considere necesarias”, dice el Artículo 2º, del proyecto de Monge y Bargagna. 

En el artículo 6º establecen que la Comisión desarrollará su función durante doce meses a partir de su constitución, y “deberá presentar un informe escrito mensual como mínimo para su consideración a cada una de las Cámaras, o en su caso a la Cámara de Diputados”. 

En otro de los puntos del proyecto indican que para desarrollar su tarea, la Comisión “podrá contratar personal calificado en las materias e incumbencias profesionales que resulten menester para el cumplimiento de los objetivos de la presente resolución, siendo imputadas las erogaciones resultantes al presupuesto de la Cámara de Diputados”. 

“Los organismos objeto del examen de la Comisión deberán poner a disposición de ésta los documentos e información que se les requiera; mientras que los miembros deberán mantener confidencialidad y reserva de todos los datos y/o actos y/o hechos conocidos con motivo de su actuación mientras tramite la investigación”, se señala.