Las conocidas ‘antenas de telecomunicaciones’ que pululan en las zonas concentradas de las urbes y pueblos del país son, esencialmente, torres de hierro de considerables alturas en las que se instalan dispositivos generadores de Radiación Electromagnética No Ionizante (RNI), una emanación de partículas que no provoca cambios visibles en la materia, como sí lo hace la electromagnética, por ejemplo. La discusión sobre la interacción imperceptible entre las entidades subatómicas transmitidas y las células que componen a los seres vivos sigue sin estar comprobadamente aclarada mientras se desarrollan más modos de comunicación que requieren de su tecnología. Ese marco promovió la proliferación de un ‘negocio’ tan tentador como ambiguo: el arrendamiento de parques y terrazas particulares para posicionar repetidoras.

El propietario o propietaria (en plural si se trata de un inmueble horizontal) es animado a ceder su espacio improductivo a cambio de contratos de hasta una década que rondan los 1100 a 1500 pesos mensuales, en algunos casos, con actualizaciones bianuales de acuerdo a parámetros microeconómicos específicos, como la inflación acumulada oficial. Hurgando en la blogósfera, con una simple búsqueda en cualquier gestor, no sólo se pueden hallar testimonios de ‘beneficiarios’ sino que también es usual toparse con promotores que ofrecer los sospechados pactos.

Las fuentes consultadas por LA TERCERA tras el anuncio del desmantelamiento de una de ellas a manos de la Municipalidad de Esteban Echeverría coincidieron en ese punto. Fue en Monte Grande, en Dreyer 233, donde se removió una de las moles que la empresa Procosertel S.A. erigió para la compañía de telefonía celular “Claro” en el distrito, porque nunca fue autorizada para funcionar. Luego de “varias intimaciones”, la subsecretaría de Inspección General, a cargo de José Luis Garavaglia y dependiente del propio intendente Fernando Gray, la retiró compulsivamente en orden a la aplicación del artículo 6 del Código Municipal de Faltas.

Junto con la secretaría de Obras Públicas, actuó también personal de Defensa Civil, la dirección de Tránsito y la agencia de Medio Ambiente. Con una pluma mecánica, la “estructura de soporte” (o torre) fue desmontada “porque no estaba habilitada por los organismos responsables, que son la Secretaria de Política Ambiental y el OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable), que las permite, pero si las empresas presentan un informe anual (de RNI) que certifique que no hay riesgo para la población”, explicó una fuente especializada de la oficina ambientalista distrital.

Electropolución

En el mismo sentido, en trabajo del ingeniero agrónomo lomense Alberto De Magistris, publicado en el boletín El Almácigo, dio cuenta en diciembre último de la problemática desde los posibles daños: “Las ondas pueden resultar perjudiciales, puesto que afectan en general aquellos órganos con menor circulación sanguínea”, como los ojos. Es lo que se conoce como ‘electropolución’.

La publicación se basa en dos pares de casos emblemáticos en Monte Grande y Lomas de Zamora. En el primer caso, se trata de dos retransmisoras enfrentadas a las únicas dependencias de salud que hay en la comuna, a menos de una cuadra de sus consultorios. En el segundo, se posicionan en Temperley y Llavallol y demostraron ser capaces de alterar otros aparatos electrónicos, como los hematógrafos de los laboratorios de análisis de los alrededores.

En comunicación con este periódico, el catedrático de la Universidad de Lomas de Zamora se esperanzó en que habrá una “discusión muy importante en 2011 porque la cuestión va tomando estado público”.