Los taxistas esperarán en los próximos días el llamado prometido de la Casa de Gobierno. Si el teléfono no suena, volverán a tomar medidas de fuerza como el “piquete” masivo que el martes mantuvo a la capital sitiada. “Nuevamente vamos a movilizar si no nos llaman. Nuestra actividad está deteriorada”, adelantó Antonio Rodríguez titular de la Asociación de Trabajadores Involucrados en la Actividad Taximetrera (Atiat).Los dueños y choferes de los autos de alquiler habían tomado la calle como reacción a los controles de la Afip para el registro de los conductores. Reclamaron un paquete de medidas -como acceder a combustible a menor precio, la erradicación de los “truchos” y la suba de la tarifa- para incrementar la rentabilidad del sector y poder tributar.

Rodríguez afirmó que estaban más tranquilos porque mantuvieron una reunión con las autoridades de la AFIP. “Se comprometieron a darnos una prórroga de 30 días para tener todos los papeles. Tuvieron en cuenta nuestros reclamos”, aseguró.

Los dirigentes de la actividad cuestionaron que el intendente, Domingo Amaya, haya calificado la protesta como una “extorsión”. “Entonces considera extorsivo que defendamos el derecho de los trabajadores. Es la única manera de hacernos escuchar, porque le pedimos miles de audiencias y nunca nos recibió. Sabemos que no es una modalidad simpática, pero venimos reclamando desde hace tiempo”, reprochó.

Julio Rodríguez, referente de la federación nacional y de la asociación de conductores de taxis, recomendó al jefe municipal “revisar los pedidos de audiencia”. “Nunca fuimos recibidos. Puede ser que haya sido brusca la situación, pero dentro de los parámetros de una huelga. Se peleó por los derechos de los trabajadores”, consideró.

Rodríguez afirmó que el problema es provincial, dado que también fueron intimados propietarios de Concepción, Tafí Viejo y Las Talitas, entre otros.

“Queremos que se haga un estudio real de la situación para ver cómo facilitar el blanqueo, para que compañeros no queden sin trabajo. No estamos contra la AFIP, sino que queremos mejores condiciones”, añadió.

Amaya había cuestionado el método de protesta y había afirmado que sólo debían preocuparse aquellos que poseían más de cuatro vehículos. “No podemos adueñarnos de la ciudad como si nada, por una protesta. Porque pasa de ser una protesta a ser extorsión”, había dicho.

Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Paul Hofer, también se refirió a los cortes. “No permitiremos que se violen los derechos de los ciudadanos”, afirmó, según la página web oficial de la Casa de Gobierno. “Se instaló, a través del desorden en la vía pública, un caos innecesario entre transeúntes y vehículos. Si bien todos tienen derecho a reclamar, no hay motivo para perjudicar la vida cotidiana de los vecinos”, condenó el funcionario.

Explicó que el Gobierno provincial “está dispuesto a mediar y abrir el diálogo entre las partes: municipio y trabajadores de Atiat, en el transcurso de esta semana”. Reiteró que el Ejecutivo no permitirá a los taxistas que violen derechos: “el bienestar de todos los ciudadanos es la prioridad de esta gestión”.