Más allá de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, que frenó momentáneamente el proceso de destitución en contra de dos de los magistrados que determinaron la absolución de los 13 imputados en el caso "Marita" Verón, es la propia Comisión de Juicio Político de la Legislatura la que, en su resolución de elevar la acusación por mal desempeño de los jueces al Jury de enjuiciamiento, se defendió de los cuestionamientos que se vertieron por su actuación en la causa, como así también dejó en claro que desde el alperovismo no se propicia una persecución hacia los integrantes de uno de los Poderes del Estado.

De esta forma, el órgano parlamentario, presidido por el oficialista Sisto Terán, remarcó en uno de los pasajes de la extensa resolución dada a conocer el pasado miércoles, que "de la existencia misma del Juicio Político depende la correcta institucionalidad de la República. Si se lo hace desaparecer o se lo desnaturaliza, desaparece la base misma del equilibrio entre los poderes del Estado", se argumenta en los considerandos que tuvo el voto afirmativo de los 11 legisladores justicialistas, que habilitaron la acusación promovida por Susana Trimarco.

A su vez, se indicó que, a partir de la puesta en vigencia de este instituto, como así también de los mecanismos para la sustanciación del proceso cuestionado por los jueces implicados, Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina (aunque este último fue separado del proceso mediante un fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo), "no hay avasallamiento de un poder por la tramitación de un juicio político, es más, se trata de la más básica aplicación del sano principio del contralor de la actuación de los diversos poderes del estado".

Entre las manifestaciones expresadas para sostener el accionar de la Comisión en este polémico contexto, se afirmó "que el amplio marco de atribuciones y potestades de los órganos políticos encargados de acusar y juzgar a los magistrados judiciales presenta una única restricción susceptible de ser revisada judicialmente, esto es el cumplimiento del debido proceso y la garantía de defensa en juicio".

Al mismo tiempo, lo resuelto por los legisladores alperovistas tuvo como objeto salir al cruce de las afirmaciones y acusaciones que dan cuenta sobre una suerte de "conspiración" por parte del gobierno tucumano en contra de los magistrados, puesto que se intenta cumplir con las exigencias de Trimarco quien aspira al apartamiento de los jueces debido a la sentencia dictada en diciembre pasado.

Como una forma de desacreditar la hipotética embestida oficialista, la Comisión recalcó que todo el espectro político, sin distinción de banderías, sectores de la justicia y de la prensa nacional se pronunciaron de manera contundente en contra del accionar de la Sala II de la Cámara Penal.

"Pretender que estas actuaciones constituyen una conspiración del poder político oficialista para decapitar magistrados es sencillamente ridículo. Hemos visto como los más destacados representantes del PRO, de la Coalición Cívica, de la Unión Cívica Radical, de Unión por Todos, del Frente Peronista, del Nuevo Encuentro, de la Alianza Frente Cívico Federal UCR, de Proyecto Sur o del Frente Progresista Popular se han manifestado de manera unánime con calificativos lapidarios en contra de los señores magistrados y su accionar. La gran mayoría de los que así se pronunciaron, son opositores recalcitrantes del gobierno nacional", se enuncia en la resolución.

En esta misma línea, en una crítica velada a las posturas esgrimidas por Piedrabuena y Romero Lascano, se indicó que "la teoría de los demandados de estar siendo víctimas de una persecución por parte del oficialismo cae por su propio peso. Son sus actos los que generaron un repudio masivo de todos los sectores de la sociedad argentina, y no los actos del oficialismo".

Paralelamente, precisaron los integrantes de la Comisión que la defensa de los jueces "ha querido alterar el orden de los factores y decir que el poder político preparó un escenario para decapitar jueces en el marco de un avasallamiento del poder judicial. Esto no es así. Nadie ha urdido un perverso plan para perjudicarlos, como falsamente se quiere plantear por parte de la defensa", aseveró la Comisión.

Vale recordar que la suspensión del proceso de destitución está basada en la declaración de inconstitucionalidad en torno a la conformación del Jury de enjuiciamiento, por lo que hasta tanto no haya una decisión judicial sobre el fondo de la cuestión, las actuaciones no podrán concretarse.