El presidente del bloque de diputados del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, ratificó ayer la decisión del oficialismo de avanzar con la sanción de la ley que busca regular las operatorias realizadas con los códigos de descuento, en el que se amparan muchas mutuales y financieras, y terminan generando grandes perjuicios económicos a los empleados públicos.

La iniciativa -largamente esperada por el sector estatal- contaría con el respaldo de la oposición por lo que  se cristalizaría sin mayores demoras en la sesión de este miércoles en Brown 520.

«Nuestro bloque tiene como prioridad para la semana sancionar esta ley, que venimos trabajando desde hace tiempo; y que cuenta con un despacho, que vamos a circularizar con la bancada radical», dijo el diputado oficialista y entendió que la norma «no debe ser la expresión política de un bloque por más que este sea mayoritario, sino de toda la Cámara de Diputados».

En ese sentido, el titular del bloque del PJ apuntó que el despacho «contiene fundamentalmente la idea que la utilización de los códigos de descuentos esté supeditada al cumplimiento de una serie de requisitos, por parte del prestador del dinero, cómo explicitar la tasa de interés, cuáles son los gastos administrativos, la cantidad de cuotas y cuánto es efectivamente el dinero prestado».

«Hacemos hincapié en esta última cuestión porque hemos recibido a empleados públicos expresando que, muchas veces, estos créditos se firman por un monto, pero a sus manos llega otra cifra, concretándose así operaciones que rozan lo ilícito», explicó Sánchez y añadió que «por eso también planteamos la necesidad de la bancarización obligatoria de estas operaciones, para que haya pruebas fehacientes de cuántos es el dinero que se le acredita al trabajador que lo solicita».

TASAS DE INTERES Y OTRAS APLICACIONES

A la par, Sánchez recordó que «en orden a la tasa de interés aplicada, están vigentes las leyes nacionales, que se aplican en la provincia, como la ley de cooperativas y mutuales, por ejemplo, que obligan a cumplir determinados requisitos».

«Independientemente de esto, tenemos que hacer efectivas las leyes ya vigentes, pero que, muchas veces, por los laxos controles del Estado se convierten en letra muerta, como la norma que sancionamos el año antepasado, que obligaba a poner tope a los intereses», acotó Sánchez.

«Estos préstamos toman a los empleados públicos prácticamente como víctimas de situaciones muy difíciles de resolver, por eso creemos que la ley será una herramienta muy importante para enfrentar los abusos en los que incurren muchas de estas cooperativas y mutuales», concluyó.

Promoción industrial

El bloque oficialista presentó un proyecto mediante el cual impulsa la creación de un programa de promoción y desarrollo de la industria del Chaco. La iniciativa -perteneciente a los diputados Enrique Paredes, Carlos Beltrán y Viviana Damilano- tiene como objetivo central generar un espacio que apoye el desarrollo competitivo en la cadena de valor de las empresas metalmecánicas de la provincia, reconociendo debilidades y desafíos tecnológicos que generen estrategias para el crecimiento regional desde una perspectiva específicamente sectorial.

En el marco del proyecto se prevé la creación de un fondo para el sector metalmecánico, el cual se constituirá a partir de un porcentaje mensual del 10% sobre la base de liquidación de los fondos recaudados a través de la Ley 6547 del Régimen de Consorcios Productivos de Servicios Rurales.