El martes fue una jornada atípica en el Concejo Deliberante dado que el censo ocasionó una modificación en el calendario y la sesión ordinaria que debía tener lugar mañana fue celebrada durante la jornada pasada. El recinto Soberanía Nacional estuvo ocupado por los ediles desde las 17:00, aunque el tratamiento legislativo comenzó media hora más tarde. También se previó que a las 20:00 se sumaran los mayores contribuyentes para analizar propuestas de modificaciones sobre la ordenanza fiscal y tarifaria. Finalmente, el oficialismo logró dejar archivados una serie de proyectos de la oposición, entre los que se encontraban los referidos a: la denominada ley de patovicas, los vehículos que son removidos de la vía pública y un pedido de informe referido al desempeño de la firma privada que el Municipio contrató para la gestión de cobro de tasas municipales adeudadas.

Al comienzo de la sesión, juró Martín Brignoli como concejal de Unión PRO. Luego tuvieron lugar una serie de procedimientos “de rutina”.

Registro local

El debate se abrió inicialmente con Unión PRO que proponía la adhesión a la denominada ley provincial de patovicas, sugiriendo al Ejecutivo la apertura de un registro local de las personas que trabajan en la seguridad y custodia de los boliches de esta ciudad. El PJ interpeló a qué número de ley se remitía la propuesta, marcó supuestas contradicciones e hizo referencia a facultades provinciales indelegables.

La oposición indicó que las discusiones en el recinto se daban porque no habían quedado saldadas en el ámbito de la comisión.

Ignacio Mateucci señaló: “Este Concejo se limita a aprobar los proyectos del oficialismo. Se ha hecho uso y abuso de la mayoría absoluta. No nos dejan hacer lo que prometimos en campaña. Como bloque estamos amordazados”.

Buena parte de la discusión se diluyó en chicanas y reclamos políticos, y finalmente el proyecto fue archivado por mayoría.

Vehículos removidos

Otro proyecto que el oficialismo dejó archivado fue el impulsado por el bloque de la UCR, que tenía como fin indagar al Departamento Ejecutivo acerca de la situación de los vehículos que son removidos de la vía pública y quedan en custodia municipal.

“La obligación que tiene el Municipio es inexorable. Pedimos un registro de estos bienes de terceros y evitar secuestrar en los casos que sea posible (cuando los vehículos no constituyan un obstáculo o peligro). Les pido que recapaciten. Estamos ante una situación de verdadero riesgo, incluso jurídico”, instó Adriana González. Pero el PJ respondió que “hay un nuevo depósito en condiciones diferentes y que el registro existe”, y no dió lugar a la propuesta.