El pedido formulado por el abogado Luis Ignacio Paredes solicita que se investiguen “conductas negligentes, omisivas y reveladoras de manifiesta connivencia funcional y delictual por autoridades competentes de la Dirección de Bosques de la provincia” en perjuicio de su padre, Luis Alberto Paredes, adjudicatario en venta del Instituto de Colonización y del Estado provincial, según indicó en la denuncia a la cual tuvo acceso NORTE en forma completa.

El caso pone de manifiesto un serio problema en una gran franja de los departamentos Almirante Brown y General Güemes, que establece la sospecha de severas irregularidades de las autoridades pertinentes en el otorgamiento en adjudicación de predios, pero también en cuanto a los permisos forestales y para manejo silvopastoril, dado que se detectaron casos concretos de denuncias por supuestos incendios, pero después se sospecha que de todos modos las guías forestales tuvieron diversos tipos de utilidades, cuestión que forma parte de otro capítulo de la complejo trama de la situación de la tierra en el Chaco y del cuidado del recurso forestal.

En cuanto a la denuncia del abogado Paredes, en representación de su padre, un empresario oriundo de la provincia de Santiago del Estero, a quien le adjudicaron tres lotes que hacen en total unas 6.673 hectáreas en la parcela 96, circunscripción V, Zona D del departamento Almirante Brown, hace hincapié en que la autoridad de aplicación forestal, en el marco de la actuación de este caso, “no hace más que reflejar la apatía y desidia de funcionarios públicos, desprovistos de todo compromiso con el ejercicio de sus funciones y la tutela de los intereses de parte del Estado provincial”, sentencia el reclamo de Paredes.

El caso en particular

El planteo hace referencia a que el empresario santiagueño Paredes fue adjudicatario de lotes que en forma conjunta hacen un total de más de 6.000 hectáreas. En un determinado día, al llegar a la zona de Los Frentones a verificar tareas comunes a un predio rural, se encuentra que en esos lotes había gente trabajando. Ante las consultas correspondientes, le informan que habían sido contratados por los “nuevos dueños” del predio, que respondían a la razón social OSD Agropecuaria, oriunda de la provincia de Santa Fe, siempre al estar de la denuncia presentada en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.